Buenos Aires, 5 de diciembre. El comandante en jefe del ejército de Uruguay, Pedro Aguerre, anunció hoy que esa fuerza no encubrirá a homicidas ni delincuentes en sus filas, y ordenó a sus subordinados aportar información sobre los crímenes cometidos durante la pasada dictadura (1973-1985) y a romper cualquier pacto de silencio, si existiera, ante el hallazgo reciente de los restos del profesor Julio Castro, desaparecido en 1977, enterrados en un predio militar.

El ejército nacional no es una horda, malón o algo similar. El ejército no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas y delincuentes entre sus filas, enfatizó Aguerre, al hablar en la sede del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES). Quien niega el pasado ante una desgracia presente manifiesta cobardía. Los orientales somos valientes, por lo tanto no negamos los hechos desgraciados, añadió, y dijo que aunque no conoce la existencia de un pacto de silencio, si existiera doy la orden de su revocación inmediata.

Esta decisión se tomó después de que el pasado 1º de diciembre el equipo de antropólogos forenses encontró los restos de Castro, quien había sido secuestrado el 1° de agosto de 1977, cuando tenía 67 años, y se comprobó que fue torturado y luego ejecutado de un disparo en la cabeza, en un batallón ubicado cerca de Montevideo. Tenía las manos atadas.

Esto repercutió en otros países, ya que Castro fue un reconocido pedagogo, escritor y consultor de la Unesco, entre otra serie de actividades.

Aguerre pidió el apoyo de la fuerza y de todos para obtener mayor información que pueda determinar la responsabilidad material del ejército, o no en la muerte de Castro y en otros (casos) en su futuro.

El militar añadió que se estaba ante un punto de inflexión por el peso de la realidad y con la necesidad de despejar las dudas que tanto la sociedad como la propia fuerza pueden albergar sobre el nuevo comando del ejército que asumió recientemente.

Recordó que el ejército uruguayo nació con José Gervasio de Artigas, el prócer independentista de ese país, y dijo que debe cumplir con el legado artiguista y que se actuará en consonancia con los acuerdos suscritos por Uruguay con los organismos de derechos humanos a nivel internacional,

Entre las primeras repercusiones se registró el apoyo del titular del Centro Militar, Guillermo Cedréz, quien confesó que jamás pensé que alguien de mi ejército pudiera realizar algo así.

Analistas de ese país consultados por esta corresponsal recordaron que el jefe del estado mayor de la Defensa de Uruguay, José Bonilla, el militar de más alto rango, exigió también el pasado 3 de diciembre investigar y esclarecer quiénes fueron los responsables de esta ejecución. Consideró que este crimen “no refleja a las fuerzas armadas de hoy ni de ningún otro tiempo (…) una cosa es matar en un enfrentamiento y otra cosa es ejecutar a una persona”.

Familiares de desaparecidos en Uruguay consultados telefónicamente consideraron un cambio muy positivo el discurso en las fuerzas armadas y citaron hoy mismo a una reunión para debatir la nueva situación.

Se recordó también que por los centros del ejército han pasado centenares de víctimas y que uno de los aspectos más importantes es el cuestionamiento que surge de las propias fuerzas armadas, sobre las prácticas de los militares durante la dictadura.

Esto es sin duda un paso muy importante no sólo para Uruguay, sino como reflejo en otros países en la misma situación, señalaron.

Uruguayos residentes aquí estimaron que el ejército ya no acepta ser cómplice del pasado con el silencio. Esto es un gran cambio, que tendrá muchas repercusiones sobre todo en el camino de la verdad y la justicia en todos nuestros países.