Querétaro, Qro., 5 de diciembre. Aproximadamente 30 trabajadoras sexuales demandaron la destitución del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQ), Adolfo Ortega Osorio, a quien acusan de ignorar sus denuncias contra autoridades, principalmente del municipio de Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Con coronas fúnebres y un ataúd, se manifestaron frente a las oficinas de la CEDHQ, donde indicaron que este año han presentado cerca de 40 quejas y ninguna ha sido resuelta.

En nombre de las trabajadoras sexuales, la presidenta de la asociación Mujer Libertad, Mónica Mendoza, indicó que las denuncias interpuestas ante la CEDHQ son por abusos de policías municipales de Querétaro, quienes las extorsionan para dejarlas realizar su actividad en la vía pública.

Mónica González Pasilla, visitadora de la CEDHQ, aclaró que recibió cinco quejas de trabajadoras sexuales, de las cuales una aglutina 20 de igual número de mujeres.

Explicó que los cinco expedientes siguen abiertos y la CEDHQ tiene hasta seis meses para recopilar pruebas, aunque el plazo se puede ampliar a petición del ombudsman.

Indicó que las quejosas no ratificaron 80 por ciento de las denuncias ni aportaron elementos de prueba.

Durante la manifestación, que llegó hasta el Congreso local para pedir a los diputados que no relijan a Adolfo Ortega como presidente de la CEDHQ, Mónica Mendoza aseguró que personal del ayuntamiento está involucrado en la trata de personas.

Explicó que el gobierno municipal otorga a las personas que maneja permisos para ofrecer sus servicios en la vía pública; además, personal de la secretaría de gobierno ofreció 6 mil pesos a 25 trabajadoras sexuales para que se marcharan de la vieja estación de ferrocarril y ofrecieran sus servicios en un hotel ubicado en otra zona de la capital.

Las denunciantes indicaron que recaban firmas para pedir a los diputados locales que no permitan la relección de Adolfo Ortega, presuntamente respaldado por los 10 diputados del PAN.

Adolfo Ortega fue electo en febrero de 2007 para un periodo de tres años, pero gracias a una reforma a la Constitución local, el periodo se incrementó en dos años y concluiría en 2012, con la posibilidad de una relección por cinco años.