Ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, anunciaron que recuperarán pacíficamente la caseta de cobro y las instalaciones oficiales en el acceso a las cascadas de Agua Azul, paraje del que fueron despojados hace 10 meses por policías estatales y grupos oficialistas de la región.

Hemos tomado la decisión, exponen, tomando en consideración que dichas construcciones se encuentran en las inmediaciones del terreno ejidal, sin el consentimiento de nuestro máximo órgano directivo.

Los tzeltales de San Sebastián, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, advierten que su acción fue consensuada por el núcleo ejidal. Los gobiernos estatal y federal serán responsables de cualquier acto represivo que suceda durante la toma.

Esta determinación responde a la actuación del gobierno del estado, en complicidad con autoridades de diferentes dependencias, el ayuntamiento de Chilón y el comisariado oficial de San Sebastián. Después de ocupar por la fuerza los predios en febrero, sin el consentimiento del máximo órgano ejidal, violando los derechos humanos y los tratados internacionales, las autoridades construyeron un centro de respuesta en atención de emergencias, e impusieron la permanecía de la Policía Estatal para el control del manejo de nuestros recursos naturales, sin que existiera un acta de asamblea con el consentimiento del ejido.

Los indígenas denuncian que los ocupantes “están aprovechando y destruyendo nuestros recursos y patrimonio del pueblo, favoreciendo los intereses políticos de unos cuantos lacayos de la política, como Manuel Jiménez Moreno, Francisco Guzmán Jiménez (alias Goyito) Juan Álvaro Moreno y Antonio Jiménez Deara, estafadores y vividores, que fueron los únicos en firmar el ‘convenio’ el 13 de febrero en la Universidad Tecnológica de la Selva (en Ocosingo), instalando una ‘mesa de concertación y diálogo por la paz’, cuando la verdad venían con otra intención: el despojo, la represión, la violencia”.

Esto queda al descubierto con el amparo 274/2011 promovido por ejidatarios adherentes a la otra campaña, sostienen.

El gobierno de Chiapas, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboraron un plano de decreto que no coincide con el decreto presidencial del 29 de abril de 1980 (que dotaba al ejido), despojándonos de más de 600 hectáreas, incluyendo la caseta de cobro, cuando se cuenta con documentación, carpeta básica y planos definitivos.

Los denunciantes señalan un claro interés del gobierno en imponer la ley del despojo comprando conciencias, como es el caso de las autoridades oficialistas de San Sebastián, quienes por unos cuantos pesos entregaron un pedazo de nuestro patrimonio ancestral, ignorando al pueblo de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes que promueven sus usos y costumbres, construyendo un modo de convivencia más digna. Las autoridades oficialistas están satisfaciendo sus intereses políticos con el recurso del pueblo.

A raíz de los desalojos en febrero, decenas de indígenas de San Sebastián fueron encarcelados, algunos de ellos durante meses, mientras el gobierno imponía la instalación de una caseta administrada por el gobierno federal y un campamento policiaco permanente dentro del ejido.