Casi dos meses después de que comenzó a operar con una estructura limitada a escala nacional, la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) ha dado atención a 3 mil 300 personas. La mayoría de los afectados buscan apoyo jurídico para salvar los obstáculos administrativos y los nuevos riesgos a su integridad por denunciar y buscar justicia.

Son víctimas del delito y/o familiares de ofendidos por la situación de inseguridad que se vive en todo el país.

Aunque 70 por ciento busca orientación legal, según las estadísticas oficiales más recientes, cerca de 17 por ciento acude a la instancia en busca de atención sicológica, porque han padecido historias trágicas relacionadas con secuestros, familiares desaparecidos o asesinados.

Províctima empezó a funcionar el 10 de octubre pasado, sin presupuesto propio y con la premura de cumplir lo estipulado en un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, que imponía su apertura casi inmediata.

Debido a ello la mayoría de los afectados no tienen cerca oficinas de este nuevo organismo. Lo único que hace actualmente, en algunos casos, es buscarles descuentos con las líneas aéreas para que se trasladen a la capital o adonde las víctimas busquen refugio.

Províctima, encabezada por Sara Irene Herrerías, ex titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, nació tomando recursos humanos y materiales de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por lo cual la estructura nacional con que cuenta está relacionada con esas dependencias.

En su primer balance, la procuraduría, que tiene como objetivo dar asistencia legal, sicológica y médica por conducto de una plantilla de 247 personas, tiene cobertura nacional.

Cuenta con 16 centros de atención, los cuales están ubicados en 14 entidades. Es decir, aun cuando las víctimas pudieran trasladarse a alguna de esas oficinas regionales, el servicio cubre escasamente la mitad del territorio nacional.

En su primer corte informativo, un mes después de su creación, explicó que la atención personal y vía telefónica se relacionó fundamentalmente con desaparición de personas, secuestros y homicidios. En menor medida se reportan casos de robo, violencia familiar, lesiones, amenazas y extorsiones.

De los delitos denunciados, 69 por ciento eran del fuero común y el resto del federal. El mayor número de atenciones se documentaron en Cuernavaca, Acapulco, Tepic, Distrito Federal, Guadalajara y Mérida.

En la capital del país la sede está en Ángel Urraza 1137, colonia Del Valle. Tienen además dos módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su principal estructura para la atención inmediata de víctimas es un número telefónico (01 800 víctima) y un correo electrónico: [email protected]

América Nava, encargada de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, destacó que 72 por ciento de los 3 mil 300 casos atendidos se clasifican como atención jurídica. Luego sigue la demanada sicológica (17 por ciento) y el trabajo social.

“Estamos haciendo el acompañamiento ante la autoridad que tiene iniciada la averiguación previa o asesoría para que levanten la denuncia.

Dependiendo del caso, vemos cómo se les apoya. Efectivamente, en algunos casos se ha logrado que algunas líneas aéreas ofrezcan algún descuento para hacer los traslados, señaló en entrevista.

Dijo que el objetivo es conjuntar las áreas de atención a víctimas que tenían la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Ya aquí, abundó, se les da el apoyo integral. Hay una extensa gama de delitos por los que están acudiendo: homicidio, personas desaparecidas o no localizadas y secuestro.