Nueva York, 4 de diciembre. En un mundo que ha declarado, mediante su suprema entidad, la Organización de Naciones Unidas, una guerra contra el terrorismo, ser acusado de apoyar o tener alguna relación con el terrorismo provoca hoy de inmediato la atención de autoridades, justifica la vigilancia o el interrogatorio del acusado y podría llevar a su detención y hasta su muerte. Para medios y periodistas expone a sus trabajadores y descalifica su labor, como es el caso de, por ejemplo, Al Jazeera. También varios de medios turcos, filipinos, europeos del este, Telesur, o, aquí, algunos de los reporteros más venerados de Estados Unidos. También se puede incluir en la lista a Wikileaks.

Seymour Hersh, veterano corresponsal de guerra, premio Pulitzer, y uno de los periodistas más famosos de este país, que durante los últimos años ha trabajado para The New Yorker, fue acusado de terrorista por Richard Perle, una de las figuras más influyentes en Washington, considerado el arquitecto en jefe de la guerra contra Irak, en la era de George W. Bush. En 2003, uno de los principales asesores del Pentágono, Perle, renunció repentinamente como presidente de la Junta de Políticas de Defensa del Departamento de Defensa. Poco antes Hersh había publicado un largo reportaje sobre cómo Perle había lucrado con comerciantes de armas y otras empresas a cambio de darles acceso a circuitos de poder en Washington. Antes de su renuncia, el poderoso Perle (quien había sido secretario asistente de Defensa durante la presidencia de Ronald Reagan), atacó al periodista declarando en CNN que Hersh es lo más cercano a un terrorista que tiene el periodismo estadunidense, reportó en esas fechas Extra, publicación de la organización Fairness and Accuracy in Reporting (Fair).

Caso Wikileaks

Wikileaks también ha sido atacado con la etiqueta de terrorista. Un prominente político estadunidense, como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, acusó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de ser un terrorista de alta tecnología, algo en lo que coincidió el vicepresidente Joe Biden. El representante republicano Peter King, poco antes de asumir el puesto de presidente del Comité de Seguridad Interna en el Congreso, afirmó que Wikileaks es una organización terrorista extranjera.

El año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton consideró que la difusión por Wikileaks de los cables diplomáticos fue “no sólo un ataque a Estados Unidos… sino a la comunidad internacional”. De hecho, el sospechoso de filtrar los documentos, Bradley Manning, ha sido tratado en prisión casi igual que un acusado de terrorismo por el gobierno de Barack Obama.

Otras figuras de alto perfil, incluyendo comentaristas y periodistas, se sumaron al coro de denuncia en Estados Unidos contra Wikileaks, descalificando a sus miembros de ser periodistas y frecuentemente acusándolos de terroristas. La figura conservadora Sarah Palin tachó a Assange de “operativo antiamericano con sangre en las manos”, que debería ser perseguido con la misma urgencia con la que perseguimos a líderes de Al Qaeda y el talibán. Ex funcionarios sugerían que Obama debería designar a Wikileaks combatiente enemigo. Algunos conservadores sugerían incluso el asesinato de Assange.

Desde el inicio de la guerra estadunidense contra Irak y otras partes del mundo árabe, Al Jazeera ha sido atacada por el gobierno y por organizaciones conservadoras o sionistas. Durante la invasión de Irak, los militares estadunidenses bombardearon las oficinas de la televisora y mataron a uno de sus corresponsales. La cadena árabe ha sido atacada repetidamente por gobiernos y medios occidentales (al igual que por los dictadores del mundo árabe), y siempre, en el trasfondo de las descalificaciones se promueve la sospecha de que simpatiza con fuerzas terroristas del mundo musulmán, a pesar de nula evidencia. El Pentágono sostuvo ataques verbales contra la cadena desde el inicio de la invasión de Irak.

En otras partes del mundo, destaca el caso del respetado periodista tamil J. S. Tissainayagam, quien en 2009 fue condenado a 20 años de cárcel en Sri Lanka, en lo que algunos afirman que es la primera instancia en el mundo democrático de un periodista acusado conforme a una ley antiterrorista. El presidente Barack Obama señaló este caso como ejemplo de la persecución de periodistas (algo que ahora su gobierno hace al obligarlos a divulgar fuentes), Amnistía Internacional lo nombró prisionero de conciencia y la televisora pública PBS reportó que en su proceso nunca se presentaron pruebas de que haya apoyado a grupos terroristas (fue arrestado en 2008 según las nuevas leyes antiterroristas). El National Post, de Canadá, concluyó en un editorial que su único acto de terrorismo fue lo que escribía, un precedente peligroso.

En junio pasado, Urunboi Usmonov, corresponsal de BBC Radio, fue detenido en Tayikistán acusado de participar en una organización extremista musulmana, lo que la BBC rechazó tajantemente al demandar que las autoridades lo liberaran de inmediato.

Otros gobiernos han empleado el pretexto del terrorismo para silenciar a reporteros. En Turquía, Reporteros Sin Fronteras denunció en septiembre pasado el trato a dos de los periodistas de investigación más destacados del país, Ahmet Sik y Nedim Sener, quienes están detenidos desde marzo acusados de servir a un supuesto grupo terrorista.

El año pasado, un caso contra el ex reportero de Telesur William Parra sufrió un revés cuando fue destituido el fiscal colombiano que inició el procedimiento penal. Reporteros Sin Fronteras expresó su preocupación en 2010, desde que Colombia expidió una orden de detención internacional contra Parra acusándolo de vínculos con las FARC. El nombre de Parra apareció en la famosa computadora del comandante Raúl Reyes, capturada por los militares colombianos en Ecuador en 2008, pero Parra ya había sido acusado por militares colombianos de vínculos con terroristas desde que empezó a trabajar en Telesur, en 2006.

En Filipinas, cuando leyes antiterroristas fueron promulgadas en 2007, el Comité de Protección de Periodistas expresó su preocupación de que podrían ser usadas para intervenir las comunicaciones de informadores. Además, grupos de profesionales locales e internacionales temen que la ley pueda ser usada contra periodistas si es aplicada de tal manera que sean culpados de cómplices o accesorios, sólo por entrevistar o reportar las declaraciones de aquellos considerados terroristas por las autoridades.

En Marruecos, en 2003, tras unos atentados terroristas, se impulsaron leyes que derivaron en el cierre de cuatro periódicos y el arresto de cinco periodistas. En Rusia, en torno al conflicto con Chechenia, el gobierno de Vladimir Putin atacó a los medios que se atrevían a criticar sus políticas bélicas y hasta logró que los medios electrónicos firmaran un convenio que implicaba autocensura.

Claro, hay muchos ejemplos más, no sólo en la era posterior al 11-S, sino desde mucho antes. Por ejemplo, a fines de 1998 el CPJ condenó el encarcelamiento del periodista de radio Johnny Eduardo Pezo Tello, acusado de terrorismo por el gobierno del peruano Alberto Fujimori, después de que fue obligado a leer al aire un comunicado del movimiento Tupac Amaru.

En casi todos estos casos es inevitable la conclusión de que, en los hechos, la acusación contra periodistas o medios de complicidad o asociación, apoyo o endoso del terrorismo ha sido empleada no como intercambio libre de ideas y posiciones que gozan de libertad de expresión, sino precisamente para anular o reprimirla.