Bogotá, 4 de diciembre. Las violaciones a los derechos humanos en Colombia son muy graves y van en aumento, concluyeron los observadores de la Misión Internacional de Verificación, conformada por 40 delegados de 15 países que, en ocho grupos, recorrieron este país desde el 28 de noviembre.

He visitado Colombia seis veces desde 2006 y sigo asombrado porque la situación no mejora, dijo a Ips el jurista Denis L’Anglais, de la ONG Abogados sin Fronteras-Canadá.

En 2009 se reportaron 32 asesinatos y 174 agresiones contra abogados defensores, según el no gubernamental Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDH).

Entre julio de 2010 y mayo de 2011 fueron asesinados 54 defensores y se reportaron 255 agresiones, según SIADDH.

En Colombia se han cometido crímenes de lesa humanidad por los que alguien tendrá que responder algún día, sentenció L’Anglais, integrante de la Misión de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos y del programa Somos Defensores (www.somosdefensores.org) y participante de las dos Caravanas Internacionales de Juristas, celebradas en 2008 y 2010 con abogados de todo el mundo.

En Colombia se perpetra un verdadero genocidio, declaró a Ips la argentina Mirta Acuña de Baravalle, una de las fundadoras de las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quien ha sido invitada a este país en repetidas ocasiones.

La Misión Internacional de Verificación es la actividad de cierre de la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, iniciada en 2009, con apoyo de 292 organizaciones de diversos países.

La campaña fue creada originalmente para investigar métodos ilegales de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como intervenciones telefónicas y seguimientos a magistrados, periodistas, políticos, activistas y defensores de los derechos humanos.

Por estos delitos fueron imputados los ex directores del DAS, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá, y Jorge Noguera, condenado en septiembre a 25 años de prisión por alianzas con paramilitares de extrema derecha, a quienes entregó información que fue usada para el asesinato de académicos y líderes sindicales.

Bernardo Moreno, ex secretario privado del derechista ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), está detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación. En tanto, el ex mandatario es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El DAS fue clausurado en noviembre.

A las intervenciones telefónicas siguieron asesinatos, atentados, amenazas, persecuciones judiciales, agresiones sexuales y acoso a abogados, dirigentes sociales, periodistas, sindicalistas, afrodescendientes, indígenas y organizaciones comunales.

Mientras, se investigan los casos de unos dos mil falsos positivos, jóvenes que, engañados con promesas de trabajo, fueron obligados por las fuerzas de seguridad a vestirse con ropas de camuflaje y luego ejecutados para ser presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate.

Los observadores visitaron la semana pasada a representantes del gobierno. Con información suministrada por entidades públicas, confirmaron, entre otros asuntos, que para hacer justicia se necesitan más fiscales, investigadores y recursos, dijo el diputado español Mauricio Valiente.

Pero también hace falta voluntad política y aceptación de la realidad de los funcionarios gubernamentales, agregó, en alusión al descreimiento que percibieron del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

En enero de 2012 los observadores, que culminaron su viaje este fin de semana, entregarán al gobierno colombiano las recomendaciones de una labor triste pero también gratificante, porque las víctimas mantienen su dignidad y ponen todo su empeño en lograr soluciones, dijo Baravalle.