El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, culpó al gobierno de Guerrero de la muerte del campesino ecologista Joel Santana Villa, ocurrida el viernes pasado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) ubicado en la comunidad Tuxpan, municipio de Iguala.

Martínez Cruz exigió una explicación al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues por un lado el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, declaró que Santana Villa se suicidó, mientras el sábado el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, afirmó que el activista fue envenenado.

Es probable que haya sido envenenado y eso es homicidio. La Procuraduría nunca fincó responsabilidades a siete personas que fueron detenidas en marzo, acusadas de asesinar a José Santana Alonso, uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, quienes defienden los bosques en la Sierra Madre del Sur, pero inexplicablemente fueron liberados en julio, dijo.

Rubén Santana fue asesinado el 15 de febrero y meses más tarde elementos del Ejército Mexicano detuvieron, en el puente de Coyuca de Catalán, a siete de los presuntos implicados en el crimen cuando venían de Ciudad Altamirano, con parque y más armas, dijo Bertoldo Martínez, quien aseguró que los detenidos están implicados en más delitos.

Martínez Cruz reprobó que la Federación haya liberado a los presuntos implicados y que ni el procurador López Rosas ni el Ministerio Público hayan intervenido, a pesar de que la familia Santana Villa denunció el homicidio y dio a conocer los nombres de quienes lo mataron. Más bien ellos (el gobierno estatal) los arroparon; por eso decimos que el procurador es parte del problema.

En un comunicado, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón criticó que el gobierno estatal no aclare su postura respecto del homicidio. El viernes el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, confirmó la muerte del joven Joel Santana Villa, de 26 años de edad, señalando en un inicio que un infarto podría haber sido el motivo de su fallecimiento, pero las notas periodísticas registran una declaración del procurador Alberto López Rosas en el sentido que Joel murió por envenenamiento, sin que se sepa cómo ingirió el veneno, acotó.

Exigimos que se esclarezca plenamente quiénes fueron los responsables de este asesinato y que una de las líneas de investigación sean las amenazas de muerte en su contra y el hostigamiento a su familia, añade el documento.

De acuerdo con el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, “lo sucedido a Joel Santana es una muestra más de la forma en que se han extendido los tentáculos de aquellas mafias que en su desmedida ambición no dudan en asesinar a quienes se atreven a oponerse, aprovechando el marco de impunidad que desde las estructuras del poder se otorga a la delincuencia organizada, a pesar de programas como el operativo conjunto Guerrero Seguro”.