272 días de haber asumido el cargo como presidente nacional del PRI, Humberto Moreira anunció su dimisión ayer, con el telón de fondo de los señalamientos públicos por irregularidades y manejos dudosos de los recursos durante su paso por el gobierno de Coahuila, por el crecimiento exorbitante de la deuda pública de esa entidad y por la presunta falsificación de documentos oficiales.
El precedente ineludible de esa dimisión es lo dicho por el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quien la víspera sostuvo que el priísmo está a la espera y atento a las definiciones personales que él asuma
, y advirtió que los señalamientos en contra del ex mandatario coahuilense le han generado desgaste como presidente nacional del partido
. Así, la renuncia de Moreira no puede interpretarse sino como una operación de control de daños: de hecho, los cuestionamientos a la probidad del hasta ayer dirigente partidista han empezado a afectar la imagen del ex gobernador del estado de México –si se atiende a la caída en las preferencias que le atribuyen varias encuestas a raíz del llamado moreirazo– y es previsible una intensificación de ese daño, sobre todo si el golpeteo contra el primero llega a traspasar la línea entre lo político y lo legal.
Por otra parte, más allá de lo que Moreira haga o deje de hacer para defender su posición, la conducta del priísmo en las horas posteriores a su renuncia da cabal cuenta de un ambiente enrarecido y de virtuales reacomodos políticos dentro del tricolor. A raíz de la dimisión de Moreira, e incluso antes de que ésta se hiciera oficial, se realizaron pronunciamientos a favor de los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Coldwell, como candidatos para relevar al ex mandatario coahuilense. Asimismo, durante varias horas cundió la percepción pública de que la cúpula priísta buscaba hacer un nombramiento fast track del nuevo dirigente, como ocurrió a finales de 2005, cuando César Augusto Santiago sustituyó por unos minutos a Roberto Madrazo sólo para que se nombrara, en ese mismo día, a Mariano Palacios Alcocer como nuevo líder del partido.
Posteriormente, se anunció que la presidencia priísta sería asumida en forma interina por Cristina Díaz, la ex secretaria general, y que el nombramiento del nuevo dirigente tendría lugar el próximo 8 de diciembre. Más tarde, sin embargo, en los corrillos del priísmo cobró fuerza la versión de que Pedro Joaquín Coldwell será el elegido.
Con independencia de que esto se confirme o no el próximo jueves, la incertidumbre que imperó es indicativa de pugnas por el control de la estructura política del partido. En fechas recientes, esas fricciones se han expresado con la renuncia del propio Beltrones a continuar en la contienda por la candidatura presidencial del tricolor por inconformidades de su parte ante la convocatoria correspondiente –a la sazón redactada por el propio Joaquín Coldwell, en su condición de presidente de la Comisión de Procesos Internos–, así como con sus cuestionamientos a la política de coaliciones establecida con los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza. Adicionalmente, es inevitable sospechar que la determinación de no dar la dirigencia nacional del PRI a Beltrones está relacionada en alguna medida con la animadversión personal que existe entre la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo, y el líder de la bancada priísta en el Senado, y con la creciente capacidad de veto que la segunda ha adquirido dentro del tricolor en fechas recientes, a raíz de su acercamiento político con Peña Nieto y pese a no pertenecer formalmente a la estructura de ese partido.
Ciertamente, el eventual nombramiento de Joaquín Coldwell puede ser interpretado –como hicieron ayer diversos analistas– como gesto de distensión hacia el Senado y el legislador sonorense. Pero también es posible que sea indicativo de lo contrario: un realineamiento, dentro del partido, entre los intereses de su único precandidato y las fuerzas gordillistas que hace seis años salieron defenestradas del PRI; una victoria parcial de éstas en la confrontación política con la corriente que representa Beltrones, y un pago a los buenos oficios prestados por el ex gobernador de Quintana Roo a operadores políticos de Peña Nieto que, como ocurre con el ex mandatario hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, tienen una gran influencia en la estrategia política y electoral del partido. En días y meses próximos podrán confirmarse o descartarse estas posibilidades.
