Se sabe que en Tamaulipas hay municipios donde pueblos enteros fueron abandonados por su gente. Todos han huido. Según datos del Infonavit, 18 mil casas entregadas a derechohabientes están deshabitadas en algunas comunidades.

Se ha documentado que sólo en Ciudad Juárez, 230 mil personas abandonaron sus hogares, la mitad para migrar a Estados Unidos y el resto como desplazados internos, según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, del Consejo Noruego para el Refugio.

Al despedirse del cargo en abril, el ex rector del Tec de Monterrey, Rafael Rangel, reconoció que la universidad emblema de la ciudad había perdido en el año lectivo pasado cerca de 15 por ciento de su matrícula. A simple vista se observa que en Monterrey miles de negocios han cerrado, desde boutiques y restaurantes hasta sencillos changarros.

Y en Veracruz, la prensa documentó profusamente el retorno masivo de los juarochos, jarochos que en el pasado habían ido a radicar y trabajar a Chihuahua pero que, acorralados por las balaceras y matanzas cotidianas, regresaron a sus lugares de origen. Usados al principio como bandera política del priísmo en campañas electorales, al final fueron dejados de la mano de Dios.

Desde Michoacán, un proyecto independiente impulsado por la especialista Magdalena Ávila ha empezado a registrar el éxodo a cuentagotas de mujeres solas –a veces con niños pequeños– que huyen de la violencia en la región de Tierra Caliente hacia las ciudades de México, Querétaro y Guanajuato. Son madres o esposas a quienes les asesinaron a un familiar o varios, que alguna vez tuvieron un nivel de vida de clase media y ahora se emplean en el trabajo doméstico, a cambio de un techo, un escondite y el mínimo sustento. Otro estudio parecido lleva el registro de mujeres en el estado de México que abandonan sus comunidades, acosadas por la violencia sexual y se refugian en albergues de Chimalhuacán.

Son los síntomas, sueltos y aún sin un estudio que los sistematice y analice en su conjunto, de que México empieza a ser escenario de desplazamientos internos, forzosos y masivos, generados por la violencia de los choques entre grupos delincuenciales y las acciones policiacas y militares.

En los recientes dos días, académicos de distintas instituciones debatieron en el Instituto Mora sobre este fenómeno en el foro Desplazamiento forzado en México, ¿una tragedia menor?” y concluyeron que las personas afectadas por estos movimientos de población, erróneamente identificados como simples migraciones, son objeto de una violación generalizada a todos sus derechos básicos: ruptura de familias y lazos sociales, quebranto patrimonial y laboral e incremento de vulnerabilidad frente a la violencia.

Entre los propósitos urgentes y más inmediatos que se resolvieron en este encuentro está el de construir el banco de datos del Observatorio de Desplazamiento Interno Forzado en México, ya que los registros estadísticos sobre el tema son apenas incipientes.

Por ejemplo, se cuenta con la encuesta de Parametría, que arrojó que 17 por ciento de las personas entrevistadas que cambiaron de lugar de residencia en los pasados cinco años manifestó haberlo hecho por causas relacionadas con la violencia. Datos del Inegi, a su vez, ponen de manifiesto que en las entidades con mayor violencia relacionada con el narcotráfico se registró en el último censo un saldo negativo en sus movimientos migratorios. Es decir, fueron más los que abandonaron dichos estados –Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Morelos, Aguascalientes, Guerrero y Chiapas– que los que llegaron a asentarse ahí.

Caso Chiapas

El caso de los desplazamientos forzados en Chiapas fue analizado de manera individual, ya que esa entidad es la única que tiene en proceso de debate legislativo una iniciativa sobre la materia, la llamada ley Sabines. Algunos de los éxodos más documentados son los que se generaron hace 17 años, a raíz de la ofensiva gubernamental en contra de las comunidades zapatistas (el campamento de Polhó, en la región de Los Altos, sigue siendo el mayor de su tipo, a pesar de los años transcurridos). Sólo el hecho de que las cifras sean tan contradictorias –el gobierno de la entidad reconoce 9 mil desplazados; las organizaciones civiles sostienen que son más de 20 mil– habla de la complejidad del debate.

Varios ponentes –Michael Chamberlin, de Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, Marcos Arana, del PNUD, y la antropóloga Carolina Rivera, del Ciesas– recordaron los desplazamientos históricos generados por los despojos, los conflictos religiosos y el autoritarismo caciquil desde los años 40 del siglo pasado.

Chamberlin fue secundado por el colectivo de académicos en su análisis crítico de la ley Sabines que, dijo, carece de una perspectiva de derechos humanos. Este proyecto de ley ignora que el desplazamiento forzado es una violación al derecho humanitario y por lo tanto un delito. En su texto no existe la noción de lo indígena, a pesar de que la totalidad de los desplazados en el estado pertenecen a pueblos indios. Tampoco contempla la reparación del daño y la reposición de los bienes y solo pretende reglamentar la vida de las comunidades desplazadas sin sancionar a quienes delinquieron provocando su desarraigo.

Como alternativa a la iniciativa del gobernador se propuso enviar a los legisladores estatales y federales que fueron invitados al evento pero no asistieron, la ley tipo elaborada por el grupo de trabajo del foro.