n el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha comenzado una nueva iniciativa política, en la búsqueda de los consensos necesarios para concretar en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto nacional.
Habrá quien piense que este no es el momento o quienes afirmen que habría que esperar mejores condiciones, pero lo cierto es que en la vida y en la política no hay más cera que la que arde. Por ello, esta iniciativa de paz, por buscar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, debe ser una acción apoyada por las diferentes corrientes de pensamiento progresista que confluyen en la sociedad mexicana.
La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro país.
Por ello el escenario de incertidumbre constante en el que se ha desarrollado la negociación en Chiapas debe ser analizado en el contexto de una reflexión positiva sobre el futuro de la concertación y sus posibilidades reales de allanar el camino hacia la paz.
Diversos sucesos han entorpecido el diálogo para concertar una paz definitiva y avanzar hacia la solución de fondo a los problemas políticos, económicos y sociales que tuvieron en el alzamiento de Chiapas una expresión extrema. Desalojos, presencia de grupos paramilitares, enfrentamientos por motivos políticos o religiosos con saldo de heridos y muertos, acciones judiciales inoportunas, violencia rural, son sólo algunos de los hechos que gravitaron durante el proceso de negociación en Chiapas.
En paralelo, el ambiente de enrarecimiento se acrecentó con campañas de desprestigio contra las instancias de intermediación, descalificaciones a priori a propuestas de las partes, amenazas anónimas contra personalidades y organizaciones que han apoyado el proceso de paz. La suma de acontecimientos impide aceptarlos como naturales o fortuitos. Hay bases para pensar en la existencia de importantes niveles de influencia y acción por parte de sectores que con una visión estrecha desearon una salida sin futuro: el aplastamiento del movimiento armado.
Los planteamientos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que llevaron a aprobar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas partieron de la base de que al EZLN lo integra un grupo de mexicanos con intereses legítimos, que plantea demandas sobre una realidad de incontrovertible injusticia. Ese, por lo demás, ha sido el punto de partida que desde el inicio del conflicto en Chiapas motivó la persistente posición de la mayoría de la opinión pública nacional, que ha exigido una y otra vez el logro de la paz en Chiapas por la vía del diálogo y a partir de resolver las justas demandas de los sectores indígenas, zapatistas o no.
La exigencia nacional es encontrar el marco legal y operativo que garantice en forma fehaciente la resolución de las justas demandas sociales, económicas y políticas esgrimidas por el EZLN como base de su alzamiento y que han sido reiteradamente aceptadas por las autoridades como reflejo de una problemática real.
No obstante este consenso social sobre la forma de resolver el conflicto, desde enero de 1994 se han manifestado dos formas de comprender el fenómeno chiapaneco y de cada una de ellas se desprenden estilos distintos de abordar la negociación. Una, que entiende el levantamiento indígena como parte del agotamiento de las formas políticas, sociales y económicas con las que hemos vivido, para de aquí desprender la solución al conflicto dentro de los grandes cambios exigidos por la mayoría nacional. Otra, que toma al conflicto como algo aislado, sin connotaciones nacionales, que hay que desactivar puntualmente. Esta vía les permitió llevar la negociación al límite y apuesta al desgaste de su contraparte, más que a la celebración de acuerdos.
En la primera vía se inscribe el esfuerzo emprendido por el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, al asumir que el conflicto chiapaneco es una enorme llamada de atención sobre las ingentes deficiencias del actual sistema. Por esta razón, la Cocopa propuso una agenda amplia para la reforma del Estado y la participación en ese proceso no sólo de los partidos, sino de los zapatistas y muchas otras fuerzas no partidarias. La realidad una vez más ha mostrado que este planteamiento no ha perdido un ápice de su vigencia. La vía propuesta, y que defiende la Cocopa, es una negociación abierta, leal, democrática, sin dobles juegos ni simulaciones.
La experiencia de otros países hermanos parece no habernos enseñado que la negociación al filo de la navaja se parece mucho a la ruleta rusa y poco a la política de gran visión. Congruente con la visión de resolver el conflicto por la vía de la concertación, no hay otro camino válido que aquel que culmine con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, después de haberse seguido un proceso de negociación digno y justo para las partes y de cara a la nación.
