l calderonismo, aliado con el priísmo igual de depredador y algunos miembros de la izquierda moderna y comprensiva, está a punto de conseguir un impactante bono de retiro transexenal: anoche se daban los toques finales al proyecto de dictamen de una minuta para que el pleno de la Cámara de Diputados vote una propuesta de ley que permitirá a los actuales administradores federales de la riqueza pública asignar contratos y hacer negocio con particulares sin mayores restricciones, en una suerte de golpe privatizador de fin de fiesta que hará a un lado las de por sí usualmente desatendidas restricciones legales y permitirá asignar partidas presupuestales abiertamente, a pura discrecionalidad de quien ejerce la autoridad.

Dicha consagración del saqueo legalizado (en el último tramo de una administración federal que se ha especializado en violentar toda normativa en aras de asignar negocios a agradecidos particulares) está contenida en el proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas que Calderón presentó el 10 de noviembre de 2009. En esencia, se busca autorizar mecanismos ventajosos para la iniciativa privada en materia de prestación de servicios, incluso en la construcción de infraestructura, mediante nuevos esquemas de financiamiento que acabarían poniendo el erario al servicio de los negocios autorizados por la elite en turno, en este caso la calderonista.

En una nota de Enrique Méndez en La Jornada, el pasado 29 de noviembre, se menciona que, a juicio de diputados del PRD y el PT, con estas nuevas reglas se permitiría la entrega, sin licitación, de contratos a empresas en áreas reservadas al Estado, como la explotación de petróleo y generación de energía eléctrica. Incluso Ifigenia Martínez advirtió que se pretende que los contratos con empresas privadas para obras, bienes y servicios sean pagados desde los fideicomisos integrados por el gobierno federal. En la Cámara de Senadores ya fue aprobado el proyecto, y toca el turno a San Lázaro, donde debe ser dictaminado por las comisiones de Economía y de la Función Pública para luego, en su caso, pasar al pleno para la resolución definitiva. La primera comisión la preside el priísta Ildefonso Guajardo Villarreal, y la segunda el verde Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones.

Pasando a otros temas que en el fondo son parte de lo mismo, a Enrique Peña Nieto le urge demostrar que en el PRI es él quien tiene el mando absoluto y, en esos afanes desbordados, descuida las formas políticas y deja ver tintes autoritarios. Ya antes dejó fuera de circulación, con malas formas, al siempre memorioso senador sonorense que pretendía pelearle la candidatura presidencial, y ahora ha hecho saber que es él quien decide tiempos y formas en el PRI, al condenar al tambaleante Humberto Moreira a decidir por sí mismo si pretende sostenerse en la presidencia partidista en la que, según la sentencia de quien ya se siente emperador por seis años, se le ve desgastado a causa del enorme endeudamiento que permitió y provocó en Coahuila.

La virtual defenestración de un Moreira se produjo con el irónico telón de fondo de la asunción de otro miembro de esa familia de profesores coahuilenses al poder estatal. Rubén Moreira comenzó ayer su periodo como gobernador al mismo tiempo que su hermano Humberto dejaba de ser mandatario con licencia (al cual había suplido físicamente un funcionario provisional, pues el mando siguió en manos de los hermanos coaligados). La coronación dinástica habría sido extremadamente feliz a no ser por los problemas que enfrenta Humberto, a quien la administración calderonista tiene en la mira no sólo en términos políticos sino incluso judiciales. La iracundia nocturna de Los Pinos bien podría decidir un día de estos, o una hora de éstas, activar los mecanismos adecuados para tener la fotografía electoral de un presidente del PRI tras las rejas, a causa de cualquiera de los múltiples detalles irregulares que forman el expediente del endeudamiento coahuilense, sobre todo el relacionado con la falsificación de documentos.

Ante ello, Peña Nieto prefiere poner tierra de por medio y asignarse precautorios aires críticos. Al profesor coahuilense, que se ha definido como una especie de soldado del peñanietismo, no le queda sino aferrarse a un liderazgo ya desautorizado, o presentar la muy prevista renuncia al cargo. No se irá en razón del polémico endeudamiento, pues el propio sobrino de Arturo Montiel ha dejado en el estado de México números rojos de mayor cuantía, sino en aras de proteger al copetismo con gel que se va despeinando con notable celeridad conforme debe asomarse a la intemperie política en la que va mostrando impericia, ansiedad y una gran necesidad de afirmar su autoestima.

En Coahuila, el hermano Rubén está imposibilitado de emprender acciones aunque fueran solamente vistosas en contra del consanguíneo antecesor real. Hurgar y castigar las malas cuentas del anterior sexenio significaría descalificar su propia elección, pues Rubén pudo ser gobernador gracias al gasto desbordado que realizó Humberto en los pasados comicios, no solamente en términos de obras y servicios que construyeron una burbuja de falsa prosperidad, sino en el flujo económico no supervisable que aceitó la maquinaria estatal priísta y que, además, compró opciones de futuro político para Humberto, al formar parte del cártel de gobernadores que desde las secretarías estatales de finanzas apoyaron económicamente el funcionamiento de los mapaches electorales que ganaron gubernaturas y mayoría en San Lázaro en 2009 y han mantenido un paso victorioso que esperan refrendar en 2012.

Hoy, sin embargo, el peso de la aventura crediticia coahuilense está doblegando a Humberto Moreira. Peña Nieto ha reclamado para sí el carácter de heraldo fúnebre para afirmarse como único mandamás del Revolucionario Institucional y para tener al mismo tiempo la voz que decida el remplazo.

Y, mientras a Cocoa ahora se le ha antojado ser senadora por Michoacán, ¡feliz fin de semana!

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