La Paz, BCS, 1° de diciembre. La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a tres funcionarios de la administración pasada, que encabezó Narciso Agúndez Montaño, acusados del delito de incumplimiento de un deber legal. Entre ellos se encuentra Luis Armando Díaz, ex secretario de Gobierno, quien contendió en febrero pasado como candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática.

Los otros dos aprehendidos son Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario de Planeación, Infraestructura Urbana y Ecología, y Héctor Ibarra Espinoza, ex oficial mayor, quien compitió por el Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de La Paz.

Al cierre de esta edición se informó que los tres detenidos fueron liberados luego de pagar una fianza, por lo que podrán continuar su proceso en libertad.

Gamill Arreola Leal, titular de la PGJE, explicó que las detenciones se llevaron a cabo por la enajenación irregular de siete bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, según la denuncia interpuesta por el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del gobierno del estado, José Refugio Carrillo Sánchez.

De acuerdo con la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 dichos inmuebles fueron vendisos en 2007 por 76 millones 200 mil pesos a la empresa Las Veredas de San José S de RL de CV, que después de tres años no cubrió el adeudo en su totalidad.

En febrero de 2011 los terrenos se volvieron a licitar, pero ahora por 23 millones 980 mil pesos, por lo que existe una diferencia de 52 millones 220 mil pesos en agravio de las finanzas del estado.

El propio Agúndez Montaño, denunciado por este mismo asunto, se amparó en junio pasado para evitar su detención.

El procurador Arreola Leal insistió en que se trata de una acción de la PGJE derivada de una orden de aprehensión girada por el juzgado de primera instancia del ramo penal de esta ciudad por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal que, según el artículo 148 fracción quinta del Código Penal del estado, se aplica a cualquier servidor público que incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio cualquiera.

Tras informar que la pena por este delito es de uno a seis años de cárcel, señaló que los detenidos fueron enviados a la prisión estatal de La Paz en espera de rendir declaración ante el juez, quien determinará su situación legal en un plazo de 72 horas.

Armando Díaz se desempeña actualmente como director de Desarrollo en el municipio de Los Cabos, que es gobernado por el perredista Antonio Agúndez Montaño, hermano del ex gobernador Narciso Agúndez.

El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor negó que se trate de una cacería de brujas contra funcionarios del anterior gobierno y expresó que en su administración los temas políticos están de lado y todas las áreas trabajan apegadas a derecho.

El secretariado estatal del PRD, encabezado por Rosa Delia Cota Montaño, señaló que la aprehensión responde a una estrategia electoral y persigue debilitar la imagen y prestigio de personajes ligados al perredismo en Los Cabos, cuyo ayuntamiento, en su mayoría, está compuesto por miembros en activo del sol azteca.