or unanimidad, el pleno del Senado apoyó ayer una serie de reformas constitucionales que eliminan el fuero para servidores públicos de los tres poderes de la Unión –diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Federal Electoral; presidentes de la República, procuradores federales y secretarios de Estado–, así como para consejeros del Instituto Federal Electoral, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefes de Gobierno y procuradores de la capital.
Se trata de un mecanismo novedoso que mantiene, al mismo tiempo, la condición de inmunidad de los citados cargos, a efecto de proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos
, y que permitirá –en caso de ser avalada en San Lázaro– que los funcionarios que incurran en acciones ilícitas sean sometidos a proceso judicial sin tener que separarse del puesto. Solamente cuando concluya el proceso penal, y en caso de que haya sentencia condenatoria, el juez responsable de la causa podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad y, si esa instancia legislativa rechaza dicha petición, el servidor público acusado cumplirá la condena al concluir el tiempo que dure su cargo.
La decisión legislativa referida es una noticia alentadora y auspiciosa en el contexto del profundo deterioro que afecta a las instancias del poder político en el país, por cuanto contribuye a generar límites indispensables a los abusos en el ejercicio de cargos públicos.
Ha de considerarse que, a consecuencia de las herencias nefastas del viejo sistema político y de la incapacidad de las dos recientes administraciones federales para revertir esas inercias, el ámbito de los altos funcionarios públicos ha permanecido prácticamente al margen de todo mecanismo de rendición de cuentas, pese a la evidencia y el sentir generalizado de que, en ocasiones, son ellos los primeros en ser omisos en el cumplimiento de la legalidad o en violarla abiertamente.
Tal circunstancia ha dado lugar a que el abuso de poder, los atropellos a los derechos humanos, los episodios de manejo turbio y patrimonialista de los recursos públicos y, en general, el desaseo administrativo que corroe las oficinas públicas puedan reproducirse con la virtual certeza de que no habrá castigo para los responsables últimos de esas faltas, y ha extendido la percepción de que el fuero constitucional –en sus orígenes, garante del equilibrio de poderes y salvaguardia ante acusaciones de intención política contra funcionarios públicos– equivale a una patente de impunidad para quienes lo detentan.
Ante estos elementos de juicio, la modernización y redefinición práctica y legal del fuero constituye un avance en la larguísima lucha contra la impunidad y alienta la obligación de gobernantes y representantes de ser los primeros en acatar plenamente las leyes. Cabe esperar, ahora, que los poderes Judicial y Legislativo actúen a la altura de las circunstancias, que jueces y legisladores se desempeñen con probidad, imparcialidad y transparencia en los eventuales procesos contra altos servidores públicos y que se erijan, en esa medida, como un contrapeso real al ejercicio abusivo del poder.
Si esto se consigue, la cultura cívica, la legalidad y el espíritu republicano del país saldrán fortalecidos.
