México, convulsionado por la violencia en zonas urbanas y fronterizas, está importando de Colombia la experiencia de una estrategia policiaca y militar que de ninguna manera es un ejemplo: es un fracaso, porque ha contribuido a la violación de los derechos humanos, porque ha sido un factor para el desplazamiento de 10 por ciento de la población y porque ni siquiera logró reducir la producción de cocaína, afirma Jorge Rojas Rodríguez, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), organización no gubernamental (ONG) con sedes en Bogotá y Quito.

Hoy día, insiste, su país, al igual que México, atraviesa por los nuevos modelos del crimen organizado, con células semejantes a núcleos terroristas, atomizados y diseminados en todo el territorio.

El Plan Colombia, que los gobiernos panistas compraron primero a Álvaro Uribe y ahora a Juan Manuel Santos, no funciona para combatirlos, insistió.

El analista colombiano, coautor del libro Un país que huye, explicó que la estrategia de su país tuvo un éxito relativo en la reducción de los delitos del secuestro y la extorsión, pero no en el combate al narcotráfico. Es un modelo prohibicionista, y a los 15 años de distancia puede decirse que es un fracaso.

Rojas Rodríguez agrega que las autoridades colombianas publicitan como logro de primer orden la reducción de superficie cultivada de hoja de coca de 160 mil hectáreas a 65 mil, y eso es cierto. Lo que no de dice es que en esas 65 mil hectáreas donde se sigue el cultivo se produce la cantidad de cocaína que cubre totalmente el requerimiento del mercado internacional que tradicionalmente surte mi país.

En la práctica, las policías y el ejército de Colombia han dirigido su combate contra el eslabón más débil, los pequeños productores de hoja de coca, añade.

“Los combaten por tierra con operativos militares y por aire con fumigaciones tóxicas (glifosfato). Por el bando contrario, la guerrilla siembra minas para detener el avance de las tropas. ¿Y a los campesinos, quién los respalda? Se han convertido en los nuevos parias del país.”

En años pasados, expresa, aun con el Plan Colombia, financiado y tutelado por Estados Unidos, el país andino “experimentó más guerra, mayor producción de drogas y 10 por ciento de su población desplazada (se estima que hay 5 millones 200 mil colombianos expulsados de su lugar de origen por las diversas formas de violencia).

La Codhes, institución que dirige Rojas, ha estudiado desde hace 20 años los fenómenos de desplazados en la región, y concluye que las causas de estos movimientos masivos de poblaciones desarraigadas –dictaduras en Sudamérica, luchas armadas en Centroamérica y el conflicto colombiano, al que califica de crónico y anacrónico– han evolucionado en nuevos fenómenos que fuerzan a millones a buscar refugio.

“Primero tenemos las nuevas formas de violencias urbanas y fronterizas asociadas con las economías ilícitas. Después, los tratados de libre comercio, que desampararon a las economías agrícolas, generando hambre y éxodo en amplias zonas.

Un tercer factor, presente en Colombia, es la imposición de monocultivos para la producción de agrocombustibles y el desplazamiento de la población afrodescendiente para el desarrollo de megaproyectos de infraestructura industrial ligados con el capital transnacional como parte de una política contrainsurgente.

Rojas Rodríguez vino a México para convocar a instituciones académicas y sociales a participar en la segunda conferencia internacional sobre desplazamiento forzoso.

El experto considera que México ya está en el epicentro de esta problemática por la evolución que han tenido las organizaciones del crimen organizado en territorio nacional.

“En toda la región, en lugar de grandes cárteles, el narco está profundamente atomizado en pequeños núcleos agrupados a semejanza de las células terroristas. Hay dos vertientes en esta evolución. En una primera etapa, la delincuencia organizada infiltra a la clase política y termina por gobernar (narcopolítica).

“En una etapa posterior, y esto ya está pasando en México, son elementos del Estado que infiltran a los grupos delincuenciales con el fin de controlar desde adentro sus actividades. Este fenómeno –cooptación del Estado por parte de la mafia– se detecta ya en toda la región latinoamericana, con el consecuente deterioro de la democracia”, concluye.