Después de señalar que está preocupado por la amenaza que profirió la Presidencia de la República de que actuará legalmente contra los 23 mil ciudadanos que lo demandaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, recomendó al Ejecutivo federal actuar con tranquilidad, porque debe saber que todo funcionario de tan alto nivel siempre es blanco de críticas.

Agregó que la respuesta del presidente Felipe Calderón a la denuncia que presentaron los ciudadanos contra él y el crimen organizado, no fue adecuada.

En entrevista, el ministro en retiro comentó que posiblemente Calderón estuvo mal asesorado legalmente, porque dijo que había sido calumniado por los ciudadanos que acudieron a la CPI, cuando ¡ya no hay delito de calumnia, ya no existe!

Ante las descalificaciones que algunos especialistas han hecho a la demanda, Góngora Pimentel avaló el profesionalismo del abogado que la elaboró –Netzaí Sandoval–, quien fue secretario de estudio y cuenta del ministro de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Explicó que se trata de un profesional estudioso y preparado, y dijo que seguramente la demanda ante la Corte Internacional de La Haya tiene los elementos suficientes para ser analizada seriamente por el organismo.

La respuesta del Ejecutivo fue inadecuada, sostuvo en entrevista el ministro Genaro Góngora PimentelFoto María Luisa Severiano

Comentó que él dirigió la tesis de maestría de Netzaí Sandoval en derecho constitucional, que será publicada en fecha próxima en forma de libro, intitulado El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo prólogo escribió el propio Gongora.

Por su parte, Édgar Corzo, doctor en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó la respuesta de Calderón a los 23 mil ciudadanos que lo demandaron ante la CPI, ya que en lugar de responder ante el organismo internacional –en caso de que prosperara la demanda–, pretende que la justicia mexicana actúe contra sus detractores.

Comentó que la respuesta pública del jefe del Ejecutivo federal no fue la más adecuada y legalmente fue, al menos, la menos acertada. No dio una respuesta jurídica, como debió haberlo hecho, sino una respuesta política, subrayó Corzo.