Nuevamente el gobierno de Felipe Calderón insistió en una modificación legal que equipara los movimientos sociales y las protestas con actos terroristas.

Durante una reunión de comisiones dictaminadoras de la llamada miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el panista Alejandro González Alcocer, presentó un capítulo nuevo en el que se endurecen los tipos penales sobre terrorismo y se imponen penas hasta de 40 años de cárcel a quienes presionen a la autoridad o a un particular para tomar una determinación.

En ese supuesto cae cualquier movimiento social que presente demandas a las autoridades, recalcó el perredista Pablo Gómez Álvarez, y preguntó a González Alcocer: ¿de dónde salió ese nuevo texto, que no estaba incluido en la miscelánea penal que Calderón remitió al Senado?

González Alcocer sólo respondió que México tiene el compromiso internacional de legislar sobre financiamiento al terrorismo, pero en entrevista posterior reconoció que el texto fue elaborado por la consejería jurídica de la Presidencia de la República.

Gómez Álvarez le dijo que ese texto nada tiene que ver con el tema de financiamiento al terrorismo y que es criminalizante, además de que trata de proteger al personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) y de otros órganos de ese país que operan en México, hasta de una pedrada, ya que quien lo hiciera sería procesado por terrorismo, al igual que quien le aviente un zapato a algún funcionario.

En 2007, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de terrorismo internacional; en el artículo 139 de ese ordenamiento se incluyó el párrafo cuestionado, que tipifica como actividad terrorista el presionar a la autoridad para que adopte una determinación.

Se trataba de una minuta y el Senado la aprobó en sus términos para no regresarla a la Cámara de Diputados. Sin embargo, PRI, PAN y PRD acordaron presentar una iniciativa para eliminar la criminalización de la protesta social ahí incluida.

En 2008, el senador René Arce presentó una iniciativa en esa materia, pero está congelada en la Comisión de Justicia. Aunado a esto, el texto que ayer incluyó González Alcocer en el proyecto de dictamen de la miscelánea penal avanza en la criminalización de la protesta, ya que incluye no sólo presiones a las autoridades, sino también a un particular, como parte de las acciones tipificadas como terroristas.

En la actualidad, las penas son de seis a 40 años de prisión, y en la nueva propuesta son de 15 a 40 años, y se aplican a algún acto contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida.

El senador perredista Gómez Álvarez dijo que esa propuesta va encaminada a proteger a los funcionarios o agentes estadunidenses, como los de la DEA, pero ahora hasta de una pedrada los quieren proteger.

Señaló que tampoco está de acuerdo en que a los secuestradores de autobuses o a quien retenga a un funcionario se les acuse de terrorismo. Esto que están planteando es el sueño dorado de Díaz Ordaz, dijo, y reprochó que no se haya aprobado la reforma al Código Penal para evitar que la protesta social se tipifique como terrorismo.

El priísta Jesús Murillo Karam coincidió con Gómez Álvarez. Indicó que deben revisar el tema como corresponde. No podemos caer en la sicosis del terrorismo, porque lo único que genera es terrorismo de Estado.

Al final, González Alcocer expresó que coincidía con el perredista y reconoció que la propuesta venía originalmente en la Ley de Prevención del Delito y nada tiene que ver con el tema dictaminado, que es el de financiamiento al terrorismo. Hasta en lo del zapato coincido con Pablo, agregó.

En entrevista, manifestó que normalmente la consejería jurídica de la Presidencia de la República interviene en los proyectos legislativos, nada más que esta vez ellos metieron mano e introdujeron otro tipo de delitos que nosotros no habíamos contemplado.

–¿Le metieron mano al proyecto de dictamen?

–Por ahí hay algunas recomendaciones que sí hicieron válidas con el secretario técnico –de la comisión– y se incluyeron, pero no tienen que ver con financiamiento al terrorismo.

Durante la sesión de ayer se rechazó una propuesta de dictamen sobre una iniciativa de la panista María Serrano, que planteaba reformar el Código Penal para sancionar a los sacerdotes que llamen a no votar o a votar contra algún candidato.