San Cristóbal de las Casas, Chis., 30 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó una segunda orden de aprehensión contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por homicidio doloso (comisión por omisión) derivado de la muerte del recién nacido Arturo Enrique Hernández Solís, ocurrida a finales de 2002 en el hospital general K de Comitán de Domínguez.

Éste es el cuarto auto de formal prisión contra el ex mandatario, quien se encuentra recluido en el penal de Huixtla.

La dependencia señaló que el expediente penal contiene, entre otras pruebas, las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital.

“Lo anterior está asentado en los informes emitidos en 2003 por la Contraloría General del Estado y la Dirección General de Servicios Periciales de la PGJE, que coincidieron en que el hospital de segundo nivel no contaba con los especialistas necesarios para brindar atención adecuada.

Además, carecía de medicamentos, instrumental y equipo en las áreas de ginecobstetricia y pediatría; existía alto riesgo de contaminación y el personal de limpieza no manejaba en forma adecuada residuos y materiales infectocontagiosos.

Recordó que en 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobierno de Chiapas la recomendación 24/2004, tras haber detectado irregularidades que propiciaron deficiente atención médica.

La CNDH recomendó al gobierno de Salazar Mendiguchía que instruyera al procurador general de Justicia integrar averiguaciones previas sobre estos hechos. Sin embargo, Salazar Mendiguchía ordenó al entonces procurador Mariano Herrán Salvatti, hoy también preso, que detuviera las investigaciones sobre la muerte de dos bebés, determinara no ejercer acción penal en 24 averiguaciones previas y archivara el caso.

La PGJE informó que en 2002 el Instituto de Salud del estado tuvo un presupuesto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, aunados a 3 millones 500 mil pesos otorgados por la Dirección General de Patrimonio de la Beneficencia Pública, destinados para medicamentos y material de curación.