Acapulco, Gro., 30 de noviembre. Luchadores sociales y catedráticos propusieron que se amplíe el periodo que investigará la Comisión de la Verdad –en cuya integración trabajan diputados locales y dirigentes ciudadanos–, pues los coordinadores de ese órgano proponen que sólo indague entre 1969 y 1979, lapso que abarca la denominada guerra sucia en Guerrero.

La mañana del miércoles se efectuó en un hotel local el foro de análisis y discusión sobre la Ley de la Comisión de la Verdad, en el cual participaron principalmente representantes de organismos no gubernamentales.

Entre sus propuestas, los asistentes insistieron en la necesidad de elaborar un programa integral para resarcir el daño causado a familiares y víctimas de la guerra sucia. Líderes sociales señalaron que muchos victimarios que ocupaban cargos públicos durante la persecución de opositores ya fallecieron.

Guerrero, primer lugar nacional en desapariciones

El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, advirtió que la entidad tiene el mayor número de víctimas por desapariciones de todo México.

Detalló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado 532 desapariciones en Guerrero, 351 en el área rural y 181 en ciudades, todos asentados en la recomendación 326 que en 2001 se dirigió al entonces presidente Vicente Fox. Además, de 2005 a la fecha se tienen registradas 62 desapariciones forzadas, en las cuales habrían participado policías ministeriales y municipales, y en 14 casos, elementos del Ejército Mexicano.

El activista Félix Bautista Matías consideró que el periodo de investigación debe iniciarse al menos en 1965 y extenderse hasta el mandato de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), pues en la década de 1960 ocurrieron los primeros movimientos de insurgencia magisterial, campesina y popular en Guerrero, mientras las desapariciones y asesinatos por motivos políticos continuaron más allá de la década de 1980.

Sixto Gallardo Mora, corresponsal social universitario e integrante de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), señaló que es necesario que se investiguen desapariciones de estudiantes y profesores a causa de la represión en la UAG entre 1970 y 1973.

La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, criticó que se pretenda excluir de las pesquisas las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1998).