Chimalhuacán, Méx., 30 de noviembre. Propietarios de 734 hectáreas ubicadas a un costado del lago Nabor Carrillo acusaron a los gobiernos municipal y estatal de pretender desincorporar sus tierras a título gratuito para entregarlas a la iniciativa privada. En esos terrenos se realizan estudios de mecánica de suelos y de factibilidad para edificar un parque industrial y un complejo comercial, obras impulsadas por HG-Desarrollos, propiedad del empresario Heberto Guzmán Gómez.

Martín González Buendía, representante del Frente Único de Propietarios de los Tlateles de Chimalhuacán, explicó que, en sesión de cabildo, síndicos y regidores del ayuntamiento aprobaron la medida el 10 de noviembre.

No nos oponemos al desarrollo del municipio, aclaró Martín González, quien consideró que el ayuntamiento solicitó al gobierno estatal y al Congreso local la desincorporación de los predios sin tomar en cuenta a los dueños.

González Buendía ofreció una conferencia de prensa con los dueños de los predios Tlatel Mojonera, Tlatel Teclamin, Tlatel Bartolismo, Tlatel Arenas Xochitenco, Tlatel San Juan, Tlatel Tepalcates, Tlatel Xochitenco y Tlatel Arena San Juan.

Francisco Javier Gutiérrez Buendía, abogado de Frente Único de Propietarios, entregó a La Jornada copia de un documento del ayuntamiento de Chimalhuacán, en el cual se anunció la creación de una empresa paramunicipal para impulsar el proyecto Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente.

Los propietarios de los ocho lotes citados, que suman 734 hectáreas, presentaron documentos emitidos en la segunda y tercera décadas del siglo XX por la Secretaría de Agricultura y Fomento y sellados por la Tesorería General de la Nación, con los que demostraron ser dueños legítimos de los predios, que el gobierno federal desincorporó en 1982 para que autoridades mexiquenses regularizaran la tenencia de la tierra de los legítimos propietarios, lo cual no ocurrió.

El gobierno municipal asegura que el proyecto generará 40 mil empleos. Además, negó haber desconocido a los dueños, y aseguró que se buscará un acercamiento entre los pequeños propietarios y el gobierno del estado. Además se exigirá una indemnización justa por los terrenos.