Buenos Aires, 29 de noviembre. El juez federal argentino Sergio Torres, quien investiga en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la pasada dictadura militar, logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le entregue documentos, que se mantuvieron en el secreto de la confidencialidad de ese organismo durante 32 años.

Entre ellos figura el informe que se elaboró en 1979 cuando miembros de la CIDH visitaron este país, ante la cantidad de denuncias recibidas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, lo que permitirá acceder a testimonios y otros datos que pueden ser claves, incluso sobre las visitas a algunos detenidos.

Después de haber intentado durante años acceder a esta documentación, el juez y un grupo de funcionarios judiciales fueron autorizados a revisar unas 65 cajas de documentos importantes en la sede de la CIDH en Estados Unidos, enviando previamente un listado de 900 nombres de víctimas sobre los que se quería obtener mayor información y también de algunos acusados.

Los archivos de la CIDH han estado protegidos por el régimen de confidencialidad por lo cuál se demoró esta decisión histórica, que se tomó que por primera vez en reconocimiento a los esfuerzos que se realizan en la reconstrucción en los juicios de la verdad, la memoria y la justicia en Argentina.

Los documentos permitirán ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y además encontrar nombres de otras hasta ahora no identificadas.

De las 65 cajas en que se encontraron coincidencias con las listas, unas 55 tienen legajos de ésta y una parte se mantiene bajo reservas por pedido de los denunciantes a esa institución.

Otras 10 cajas tienen documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros guardarían las entrevistas que mantuvieron los funcionarios de la CIDH en su momento con los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y con Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema.

Figuran otras entrevistas con importantes militares de la dictadura y también con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi, con la Iglesia católica, integrantes de organismos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad, como señala Página 12.

Se destaca la importancia probatoria que podrían tener estos documentos en los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad que se realizan en el país -y que continuarán a lo largo del próximo año- produciendo condenas históricas para los ex dictadores y altos jefes militares, oficiales y policías. Ahora también se juzga a jueces y funcionarios judiciales cómplices de la pasada dictadura y a empresas que entregaron listas e incluso permitieron a los militares actuar dentro de sus propias sedes.

En el juzgado de Torres confirmaron que se realizó una cuidadosa revisión para digitalizar los informe más importantes, especialmente referidos al caso de la Esma, por donde pasaron unas cinco mil personas y donde se registran miles de desapariciones forzadas.

También se estima que aportarán datos históricos de un valor incalculable aún. Otros serán importantes para familiares y organismos de derechos humanos en la reconstrucción de la verdad y de la historia de aquellos años del horror.

La apertura a estos archivos está reservada a los jueces, a las partes querellantes y la defensa de los imputados.

Cuando la CIDH visitó Argentina en 1979, los marinos de la Esma decidieron trasladar temporariamente a los detenidos a la isla El Silencio, en el Tigre, una zona de deltas en el río Paraná, propiedad de la Iglesia católica, lo que estuvo a cargo del ex capitán Ricardo Cavallo, que fue detenido en México, bajo nombre falso, llevado a España y ahora juzgado en Argentina.

En la Esma se hicieron varios cambios para confundir a los visitantes que llevaban testimonios para reconocer los lugares de detención, como señala Alejandra Dandán, periodista especializada en el seguimiento a los juicios.

La CIDH logró visitar el país entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 después de una larga serie de obstáculos puestos por la dictadura.

La visita se boicoteó internamente con la campaña destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos, algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot señala Dandán.

La CIDH aprobó finalmente el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Aunque se había logrado una copia resumida del mismo, nadie quiso publicarla e incluso cuando se iban a hacer fotocopias no las sacaban por miedo. Ahora se ha levantado el velo. Otro paso de justicia.