Por mayoría de votos –aunque con la postura en contra de diputados del PAN–, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) externó ayer su apoyo a este periódico en su exigencia de que la revista mensual Letras Libres se retracte públicamente de los señalamientos hechos a esta casa editorial de estar vinculada con una organización terrorista.

Mediante un punto de acuerdo presentado en tribuna por Ana Estela Aguirre y Juárez, de la fracción del PT, y suscrito por el también petista Arturo López Cándido, al cual se sumó el perredista José Luis Muñoz Soria, legisladores del PRD, PRI y PT avalaron que en defensa de una libertad de expresión plena y racional, la ALDF emitiera ese pronunciamiento de solidaridad.

Abstenciones y ausencias

A diferencia del jueves pasado –cuando también se sometió a consideración del pleno dicho punto, pero que no logró votarse por falta de quórum–, ayer estuvieron presentes en la sesión ordinaria al menos 40 legisladores, de 66, de los cuales 23 se pronunciaron en favor de ese planteamiento; seis de los siete panista –encabezados por su coordinadora Mariana Gómez del Campo— se manifestaron en contra, mientras otros ocho se abstuvieron.

El diputado Guillermo Sánchez, del PRD, decidió no sufragar pese a estar presente, mientras otro perredista, David Razú, abandonó el pleno momentos antes de que se abriera el sistema de votación electrónica.

El punto de acuerdo formulado por Aguirre y Juárez fue en el sentido de que “la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en defensa de una libertad de expresión plena y racional, apoya a este diario en su solicitud de exigir, ante el señalamiento de una publicación (Letras Libres) en donde se le aludía explícitamente una relación con una organización terrorista, demostrar los hechos o retractarse públicamente”.

Dicha propuesta fue avalada por los perredistas Alejandra Barrales, Lizbeth Rosas, Juan José Larios, Beatriz Rojas, Rocío Barrera, Lourdes Amaya, Armando Jiménez, Valentín Maldonado, Víctor Hugo Romo, Leonel Luna, Aleida Alavez, Maricela Contreras, Guillermo Orozco, Alejandro Carbajal, Fernando Cuéllar, Erasto Ensástiga, Valentina Batres, Muñoz Soria y Uriel González. A quienes se sumaron los priístas Octavio West y Cristian Vargas, además de los dos petistas ya mencionados.

Los diputados que integran la bancada del sol azteca y que se abstuvieron son Horacio Martínez Meza y Patricia Razo, además de Maximiliano Reyes, a quien el diputado Alejandro Carbajal trató de convencer para que apoyara ese punto de acuerdo, pero se negó abiertamente. Otros que se abstuvieron son Lía Limón (PAN), José Alberto Couttolenc y Raúl Nava (PVEM), así como los priístas Alicia Téllez e Israel Betanzos.

Sin pronunciamientos

Durante la sesión de ayer ya no hubo pronunciamientos en contra y a favor en tribuna, como ocurrió el pasado jueves, cuando Carlo Fabián Pizano, del PAN, pidió que se evitara aprobar el citado punto de acuerdo hasta en tanto no se tuvieran más elementos de la disputa legal entre La Jornada y Letras Libres, que llegara hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los ministros resolvieran la semana pasada al desechar el amparo solicitado por esta casa editorial en contra de la sentencia que absolvió del delito de daño moral al mensuario.

Cabe mencionar que en esa sesión del pleno de la SCJN, cuatro de los ministros –Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo– consideraron que el derecho a la libertad de expresión debe prevalecer sobre el derecho al honor; sin embargo, el ministro instructor, Zaldívar Lelo de Larrea, expresó que esa decisión no significaba que el máximo tribunal comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista.

El único ministro que votó en contra de ese fallo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sostuvo que la columna Cómplices del terror, que impugnó por la vía legal La Jornada, sí afecta el honor y la reputación del diario, además de que el dictamen de la sentencia no registra pruebas de las acusaciones publicadas en la revista, por lo que la publicación mensual tiene que reponer la lesión jurídica que ocasionó al periódico, como corresponde.