Punto de acuerdo en la ALDF para exigir que se dé marcha atrás a la regulación
Otorga juez la suspensión provisional; sindicatos cuestionan al secretario del Trabajo capitalino
Martes 29 de noviembre de 2011, p. 17
El juzgado primero de distrito en materia de trabajo otorgó la suspensión provisional a dos amparos interpuestos por diversos sindicatos en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF) y las regulaciones que impuso esta instancia a los emplazamientos a huelga, las solicitudes de registro sindical y de tomas de nota, así como otras nuevas reglas, por lo que el organismo no podrá aplicarlas hasta que se resuelva el fondo de esos procesos.
De igual manera, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la JLCADF, Ramón Montaño, para que se desista de aplicar estas nuevas regulaciones y dé marcha atrás a esta resolución que modifica los trámites para prácticamente todos los procesos laborales que se llevan a cabo en esa instancia.
Ambas acciones se dieron a conocer en un foro que se llevó a cabo en la ALDF, donde varios sindicatos analizaron la política laboral del Distrito Federal, definieron otras medidas contra las disposiciones de la JLCA y llamaron a destituir a su presidente, Ramón Montaño; señalaron que harán una movilización esta semana ante la junta y anunciaron que el próximo 8 de diciembre presentarán otra demanda ante la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). En el acto, a Benito Mirón, secretario del Trabajo del Gobierno del DF, los sindicalistas le dieron una lista de violaciones laborales perpetradas por autoridades e instancias de esta ciudad.
La noticia del otorgamiento de la suspensión provisional la dieron los abogados del Frente Auténtico del Trabajo, Patricia Juan, y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Arturo Alcalde, quienes señalaron que fueron aceptadas las 20 demandas interpuestas por diversos sindicatos contra el actuar de la JLCA. Que ya se concedieron dos suspensiones y que están a la espera de que se les fije fecha de audiencia.
A su vez, el diputado local, Arturo López Cándido, indicó que la semana pasada se logró un punto de acuerdo por unanimidad, para exhortar al presidente de la JLCA para que se desista de aplicar los nuevos criterios
que, según dijo, restringen el derecho de huelga, la libertad sindical, la contratación colectiva y van en contra del sentido de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el otorgamiento de tomas de nota, entre otras barbaridades
.
En el acto, el abogado Óscar Alzaga, de la ANAD, planteó que se pida la renuncia del presidente de la JLCA y que se presente una queja ante la CDHDF. Benito Bahena, dirigente de la Alianza de Tranviarios, quién es representante ante la Junta Especial –y quién firmó en favor de los nuevos criterios- señaló que esto se rectificará y que incluso su organización interpondrá otro amparo que firmará su comité ejecutivo.
A su vez, Benito Mirón dijo al foro que ya tuvo un primer encuentro con el presidente de la JLCA y le señaló que su punto de vista es que se respeten los derechos de los trabajadores. También expuso que habló con el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, sobre el asunto, y en los próximos días van a analizar las medidas que se tomarán al respecto.
En el foro, diversos sindicatos le hicieron reclamos a Mirón, representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (Sutiems) expusieron las violaciones cometidas ontra su organización; Antonio Vital, de la Alianza de Trabajadores de la Salud, planteó que el Gobierno del DF tiene a casi 150 mil trabajadores en precariedad laboral y sin seguridad; bomberos comentaron cómo ha sido permanente bloqueada la posibilidad de tener un sindicato democrático, entre muchos otros reclamos.
El secretario del Trabajo del DF comentó que hay una deuda laboral con diversas organizaciones, pero les pidió no generalizar, ya que, según aseguró, en el Distrito Federal ha habido un cambio fundamental en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y apoyos sociales.