Mientras diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) apoyaron que el presidente Felipe Calderón pueda interponer un recurso legal contra los ciudadanos que lo denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI), legisladores perredistas y petistas consideraron reprobable e intimidatoria esa intención.

Emilio Chauyffet (PRI), presidente de la mesa directiva de los Cámara de Diputados, afirmó que Calderón está en lo correcto al anunciar que responderá a injurias no probadas. El ex secretario de Gobernación, quien según sus propias palabras llegó ayer a San Lázaro muy gallito, cuestionó a los reporteros: ¡hombre, qué novedad! ¡Y qué modernidad están ofreciendo ustedes, eh!

Alegó que Calderón ha tratado de poner orden en el país para frenar el narcotráfico, y que no existe una guerra declarada a la delincuencia organizada.

En términos similares se expresó el vicecoordinador del PAN, Carlos Pérez Cuevas, quien consideró que la demanda contra Calderón no tiene sustento, ni el gobierno federal ha cometido crímenes de lesa humanidad, además de que la intervención del Ejército y la autorización presidencial para intervenir contra la delincuencia ha sido por solidaridad con los estados que le han pedido ayuda al verse rebasados por el crimen.

En contraparte, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Enrique Ibarra, lamentó que Calderón y sus asesores ignoren que el delito de difamación fue derogado del Código Penal Federal y que sólo en los regímenes totalitarios se amenaza a quienes ejercen el derecho a la libre expresión de las ideas, que salvaguarda el artículo sexto constitucional.

En el Senado, el coordinador de la bancada del PT, Ricardo Monreal, afirmó que la declaración de Calderón fue virulenta e inadmisible. Agregó que los académicos, intelectuales y ciudadanos que presentaron la denuncia por crímenes de guerra y lesa humanidad sólo hacen uso de un recurso al que tienen derecho.

Cualquier mexicano puede acudir a tribunales internacionales cuando perciba que la justicia es denegada en el país; hay cauces institucionales, y no por presentar la denuncia se les debe de calificar de calumniadores. Es un derecho consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales; fue un exceso la declaración del Presidente, agregó Monreal.

El presidente nacional perredista, Jesús Zambrano, censuró la actitud de Calderón. Afirmó que con las declaraciones de que procederá legalmente en contra de quienes lo denunciaron, al Ejecutivo federal “le salió de lo más profundo la vena intolerante que caracteriza a los gobiernos de derecha.

“Quienes estamos en funciones públicas –abundó– vivimos siempre expuestos al escrutinio y a los señalamientos.”

Quienes están en funciones del gobierno están sujetos a que la sociedad les reclame, los critique, señale y denuncie, dijo.

Lo hecho por Calderón es el regreso a los viejos esquemas autoritarios. Ahora ya nadie podrá criticar ni señalar nada, o acudir ante organismos internacionales en búsqueda de defensa legítima, añadió el dirigente perredista.

En la ola de reacciones, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se mostró mas cauto.

Habrá que ver los fundamentos de la denuncia que se presentó, los cuales no los tengo al alcance, pero, desde luego, no es de desestimarse; en toda denuncia hay que ver qué méritos tiene y qué fundamentos presenta. Yo entiendo que puede ser molesto, pero cuando se presenta una querella en el caso de cualquier gobernante, pues tenemos que responderla, aseveró.