Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró que las opciones jurídicas del gobierno federal para revirar contra el colectivo de más de 23 mil personas que denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad no implican la vía penal.

Se podría proceder en el ámbito civil y sería a decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete del presidente Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores, dijo Laveaga en entrevista.

A decir del ex director de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la demanda interpuesta el pasado viernes está destinada al fracaso, pues no hay posibilidades legales de que proceda.

Ayer, en diversas entrevistas, Laveaga criticó a los firmantes de la denuncia y dijo que es muy seguro que no prospere.

La demanda está mal diseñada, pues debió elaborarse una por cada demandante, y no de manera colectiva, como se hizo, agregó.

Laveaga expuso que la CPI, con sede en La Haya, Holanda –que aspira a convertirse en el máximo instrumento internacional para perseguir genocidas en el planeta–, sólo actúa en casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU o en países parte del Estatuto de Roma cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los estados o fuerzas paralelas.

Aseguró que las más de 40 mil muertes ocurridas en México a consecuencia de las políticas militares de persecución de criminales organizados no configuran ninguno de los tres delitos que persigue la Corte de La Haya: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.