Dejó de recibir participaciones y subsidios; la deuda pública suma 13 mil millones de pesos
Perjudica la crisis a por lo menos 80 ayuntamientos
Funcionarios estatales y empleados de confianza de la Nicolaíta se quedan sin quincena
La entidad genera apenas 3% de sus ingresos
Martes 29 de noviembre de 2011, p. 30
Morelia, Mich., 28 de noviembre. El gobierno de Michoacán y por lo menos 80 ayuntamientos cerrarán sus gestiones en medio de una grave crisis económica, pues la administración estatal dejó de recibir 533 millones de pesos de participaciones federales entre enero y el 31 de octubre, además de un subsidio de 902 millones de pesos que aportaba la Federación para pagar cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Más de mil trabajadores de confianza y funcionarios del gobierno del estado, incluido el gobernador, no cobrarían a tiempo esta quincena. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hay aproximadamente 100 empleados de primer y segundo nivel que podrían ver retrasados sus pagos.
Estamos esperando el depósito del gobierno del estado, y si llega incompleto se privilegiará a los trabajadores de base
, afirmó el rector Salvador Jara Guerrero.
Ochenta de los 113 municipios presentan déficit por endeudamiento y falta de liquidez. La mayoría son localidades pequeñas y medianas gobernados por las tres principales fuerzas políticas, entre ellos Tzitzio, Aquila, Lázaro Cárdenas, Maravatío y Chinicuila.
Los problemas económicos se agravaron hace dos meses. Poco antes de que se iniciaran las campañas políticas llegaron los primeros recortes, sin aviso. Entre 2008 y 2010 la Federación canalizó en promedio 915 millones de pesos anuales para el pago de cuotas al Issste. Este año fueron sólo 147 millones de pesos.
En cuanto a las participaciones federales, el gobierno del perredista Leonel Godoy dejó de recibir 533 millones de pesos de los fondos federales general, de fomento municipal, de fiscalización y a la producción y servicios.
La deuda estatal asciende aproximadamente a 13 mil millones de pesos, mientras la de los municipios supera 800 millones de pesos a corto y largo plazos. El deterioro financiero del estado y los ayuntamientos se ha agudizado en los 10 años recientes, a decir del consejero jurídico del gobierno de la entidad, Líbero Madrigal.
El gobernador Leonel Godoy ha señalado desde el inicio de su administración (febrero de 2008) que la distribución de los recursos federales es inequitativa.
Sólo 3 por ciento del presupuesto estatal proviene de ingresos propios y el 97 por ciento restante de la Federación; sin embargo, este último retiene 95 por ciento de lo que recauda el estado. Adicionalmente, la descentralización de la educación y los servicios de salud, aplicada hace tres lustros, representa para la administración local una carga de aproximadamente 800 millones de pesos anuales.
La crisis económica de años recientes, según Godoy, afectó las arcas estatales y municipales. En diciembre de 2010 su administración debió apoyar a 30 municipios para que pudieran pagar sueldos y aguinaldos. Hoy la situación es más grave porque no cuenta con los recursos suficientes para cumplir sus compromisos de fin de año y los gastos del gobierno.
El director de Apoyo Municipal, Mario Enzástiga, comentó que la mayoría de los municipios carece de recursos para concluir obras básicas y el estatal suspendió la construcción del hospital de Ciudad Lázaro Cárdenas, la remodelación del teatro Matamoros y el inicio de obras en los campus de la UMSNH en Uruapan y Zamora.
El 9 de noviembre el gobierno del estado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio contra el gobierno federal por los descuentos aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las participaciones que corresponden por ley a Michoacán. El máximo tribunal del país resolvió en favor de la Federación.
El gobierno estatal interpuso hoy un recurso de reclamación: Insistiremos en que se nos entreguen los recursos, ya que se está impidiendo que el estado cuente con el financiamiento, que por ley le corresponde para cumplir sus funciones básicas
, aseguró Líbero Madrigal.
En el Congreso local ya se habla de solicitar un crédito, pero el gobierno del estado aseguró que sería el último recurso.