La coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, advierte en su plataforma electoral 2012 que todos nuestros logros históricos están amenazados porque la alternancia en el poder no se tradujo en el desmantelamiento de la estructura clientelar y corporativa del régimen anterior y tampoco en un cambio del modelo económico.

Asegura que la violencia está acabando a México porque la crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y económica que se ha venido viviendo en nuestro país a partir del quiebre de un sistema que se sostenía sobre la base del partido hegemónico, y ahora de la derecha que ha protegido criminales, funcionarios y políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco.

En el amplio documento –de casi 70 páginas, cuya copia tiene este diario–, los partidos de izquierda incorporan la necesidad de instaurar un Estado auténticamente democrático, el principio de régimen de austeridad republicana como criterio rector del servicio público, y terminar con monopolios, en consonancia con el Proyecto Alternativo de Nación que enarbola su precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Legislar sobre los medios masivos de comunicación resulta indispensable para hacerlos que “se desenvuelvan en un sistema que efectivamente los regule, garantice el fortalecimiento del régimen democrático y la libertad de expresión, e igualmente acote el gran poder que tienen.

“Queremos –apuntan en el texto– que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia, sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. No debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios”.

Promoverán el acceso y manejo de pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural a radiodifusoras y televisoras locales y regionales. No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios, ofrecen.

PRD, PT y Movimiento Ciudadano insisten en que mantener las estructuras políticas del viejo régimen no da ya para enfrentar los grandes problemas nacionales. Su obsolescencia sólo reproduce vicios e ineficacias y amplía los altos índices de criminalidad e inseguridad pública, corrupción, impunidad, desigualdad, exclusión social, pobreza, violencia y el deterioro del tejido social.

Se muestran convencidos de que es indispensable cambiar el rumbo y crear una nueva forma de conducir al país, fincada en valores éticos, con visión progresista clara, pero a la vez con actitudes incluyentes que permitan los acuerdos y den paso a un gobierno de coalición.

Según el proyecto, la izquierda en México busca terminar con el régimen presidencialista autoritario y paternalista, acotando las facultades que hoy tiene el Presidente de la República, al delimitar sus funciones como jefe del Estado y creando la figura del jefe del gobierno.

Pugna por la creación y establecimiento de la iniciativa popular, el plebiscito, el referendo y la revocación del mandato, incluido este último para el caso del Presidente de la República.

Al cumplirse tres años (de su gobierno) se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en el cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato puede retirarlo.

Los partidos que apoyan a López Obrador en su aspiración presidencial están por brindar oportunidades de estudio y de trabajo a los jóvenes para rescatarlos antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada; por intensificar la persecución del lavado de dinero, y ofrecen el retiro gradual del Ejército y la Marina del combate al narcotráfico, y no utilizarlos para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

También impulsan la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del pasado y los cometidos en el marco de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico.