l abogado Felipe Calderón ha respondido con un ánimo sujeto a trastorno la solicitud que en pleno ejercicio de sus derechos han presentado ante la Corte Penal Internacional 23 mil ciudadanos (entre ellos, el que firma esta columna) para que se inicie una indagación y eventualmente se castiguen las conductas criminales en que, a título de la masacre conocida como guerra contra el narcotráfico, hubieran incurrido tanto el principal demandado, el propio Calderón, como varios de sus principales subordinados a cargo de asuntos de seguridad y el jefe del principal cártel nacional.

En lugar de aceptar de manera irrestricta ese ejercicio ciudadano de derechos, y de prepararse sin mayores aspavientos ni amenazas para responder en los mismos términos jurídicos en el hipotético caso de que la citada Corte aceptara dar curso a la solicitud, el licenciado Calderón ha reaccionado de una manera muy preocupante, que denota el agravamiento en la capacidad de percepción sana de la realidad nacional y muestra de forma categórica un creciente perfil de agresividad, intolerancia y revanchismo de parte de quien el próximo 1º de diciembre cumplirá cinco años de haberse alzado con la Presidencia de la República.

El documento que ha hecho aflorar nuevamente la vena autoritaria, con tendencias dictatoriales, del licenciado Calderón, fue presentado el pasado viernes por el abogado Netzaí Sandoval en La Haya, la ciudad de los Países Bajos donde está la sede de la Corte Penal Internacional, que se encarga de atender denuncias respecto a crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidios. Ni siquiera es seguro que esa corte abra un expediente sobre la denuncia presentada por mexicanos, e incluso sería un triunfo para esos promoventes que La Haya aceptara establecer un periodo de mera observancia de hechos, sin darle el caracter formal de investigación. Y no es menor el dato de que hasta ahora esa corte, creada en julio de 1998 en Roma, “se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional”, según señaló el jurista John M. Ackerman a La Jornada el sábado recién pasado.

Sin embargo, Calderón ha decidido dar un paso perturbado al pretender castigar a quienes solicitan la intervención de un órgano internacional legitimado por el propio Estado mexicano para que se investigue y castigue, en su caso, la presunta comisión de delitos graves que la institucionalidad nativa no atiende ni resuelve por limitaciones técnicas y políticas. El largo pliego de acusaciones que en forma de comunicado de prensa dio a conocer ayer Los Pinos cierra con un párrafo digno de cualquier antología de las vaporosas dictaduras bananeras que en el continente se han conocido y al cual se harán comentarios entre comillas a cargo de este tecleador imputado (con i):

“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (pero el docto jurista de Los Pinos no espera a que el órgano llamado a atender el asunto, la CPI, así lo resuelva, sino que da por definitivas las sabias resoluciones dichas ‘ya’ por ‘las voces más autorizadas en la materia’. ¿Tal vez el secretario del trabajo sucio, Javier Lozano, o los discursos pronunciados por el Señor de la Muerte?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias (¿según quién? ¿según el propio acusado?) que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México (terrible afectación de criterio sería suponer que lo presentado hace unos días pudiera añadir desprestigio internacional ante el sabido horror mexicano de los años recientes), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

El tamaño del castigo que merecerían los firmantes de esa solicitud ante La Haya puede ser estimado a partir del daño que se habría cometido pues, según ese mismo boletín de prensa con olor a Poiré, es absurdo hablar de delitos calderónicos de lesa humanidad, pues ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. ¡Chulada de país!

En realidad, al felipismo desequilibrado le han asustado tanto la resonancia internacional del caso, sobre todo en materia de medios de comunicación que le han dedicado tiempo y espacio notables (en especial, cadenas de televisión europeas y estadunidenses), como la consolidación temprana del juicio histórico sobre su sangrienta gestión. La carnicería nacional de los cinco años recientes tiene un responsable político e institucional, cuya valoración pública quedará por debajo del propio Gustavo Díaz Ordaz. Al recibir un premio de la Feria Internacional del Libro, el escritor mexicano de origen colombiano Fernando Vallejo acaba de decir que Calderón no es digno de ejercer el cargo que ocupa. Y ayer Fernando Savater señaló en la misma FIL, sobre la guerra contra el narco, que es un disparate que nace de Estados Unidos, y los disparates que nacen en Estados Unidos son muy difíciles de combatir por el resto del mundo, pero hay que acabar de una vez con la cruzada contra las drogas, según nota de Afp.

Y, mientras Enrique Peña Nieto se ha registrado como candidato único, al más puro estilo del priásico restaurado, con el honorable tío Arturo Montiel como orgulloso testigo y garante del triunfo de la impunidad, ¡hasta mañana, viendo primero a los tuiteros de Veracruz encarcelados, luego la sentencia de la Corte a favor de las Calumnias Libres, y ahora la amenaza felipista a solicitantes de justicia en el plano internacional!

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