La expedición de la cédula de identidad, uno de los programas que la Secretaría de Gobernación (SG) ha defendido con mayor énfasis, tuvo este mes una interrupción respecto al nivel ascendente de documentos entregados en meses anteriores.

Dicha interrupción se debió a presuntos errores administrativos de la Secretaría de Hacienda, que no asignó a Bucareli los recursos suficientes para continuar con las metas trazadas.

De acuerdo con fuentes de la SG, si bien este punto ya se enmendó con la entrega de los fondos adicionales, será difícil reponer el tiempo perdido.

Varios estados ya tienen en marcha el proceso de registro de datos biométricos y expedición de cédulas de identidad para menores de 18 años: Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa. Están por sumarse Baja California Sur y Morelos, mientras en el Distrito Federal han iniciado programas de prueba, toda vez que por el alto nivel de población debe emprenderse una estrategia especial.

Hasta el momento el registro está sustentado en la estructura del sistema educativo.

Según el más reciente corte informativo del Registro Nacional de Población (Renapo), hasta ahora se han realizado casi 2.4 millones de registros en ocho entidades federativas, y hubo un exitoso programa Oportunidades durante el verano.

Además, se sobreseyó la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte, precisamente con el fin de parar el registro de datos biométricos a menores, por considerar que no hay las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de sus datos personales.

Pese a los factores favorables que destaca Gobernación, en las estadísticas se aprecia un paro en la dinámica de los últimos meses. En julio de este año se había registrado a 1.4 millones de menores, un mes después la cifra alcanzó 1.8, y para septiembre eran 2 millones 90 mil 835; para octubre el nivel llegó a 2 millones 305 mil 325, pero en la última semana de noviembre la cifra iba en 2 millones 391 mil 442.

El antecedente de este mecanismo radica en la responsabilidad legal del Estado mexicano de dotar a su población de un mecanismo de identidad.

Desde hace más de 15 años, este papel le fue adjudicado al Instituto Federal Electoral, aunque desde agosto de 2008, con la firma del Acuerdo por la Seguridad, se dijo que para agosto de 2011 todos los mexicanos ya tendrían este instrumento.