La polémica iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, acompañada del diferendo acerca de cómo compatibilizarla con el respeto irrestricto a los derechos humanos desde las instituciones del Estado, y la pretensión de garantizar inmunidad a las fuerzas armadas frente a la indefensión de la sociedad, fue sepultada en la Cámara de Diputados.

El miércoles pasado, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, sostuvo –mediante un boletín que hizo circular en la Cámara de Diputados– que  las reformas propuestas se volvieron inviables porque varias de sus medidas no son compatibles con la reforma constitucional sobre derechos humanos y, por tanto, el combate al crimen organizado no puede ser argumento para violentar garantías individuales o el debido proceso.

Al intento de entrevistarlo para que ahondara su postura sobre el particular, sólo dio largas y ni siquiera respondió al teléfono; no obstante, su boletín establece que se “hace absolutamente inviable para las cámaras del Congreso aprobar los proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Nacional; tanto el proyecto alterno como la misma minuta del Senado. En términos reales, este asunto no puede ser aprobado ni en este periodo, en el que por supuesto vendrá una presión extraordinaria, ni en el siguiente ordinario de sesiones.

Aprobar en estos términos las reformas a la Ley de Seguridad Nacional sería una enorme contradicción y, sin duda, se ocasionaría un daño al interés público, por supuesto, al valor fundamental de la justicia. Para el diputado panista enfrentar al monstruo que es el crimen organizado no puede ser ni el argumento ni el pretexto para violentar garantías individuales o el debido trayecto de los procedimientos de investigación, los cuales deben estar en la ley.

Según el panista, se requiere una evaluación integral de la evolución de la reforma penal, porque el reciente informe de Human Rights Watch sobre México coloca sobre la mesa la tan abusada figura del arraigo. Lo mejor que nos puede pasar para este periodo y el siguiente es archivar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional si no se discuten primero otras reformas; por ejemplo, lavado de dinero, trata de personas: todos estos fenómenos aledaños que enfocados de mejor manera en la ley pueden incluso dar mucho más al combate al crimen organizado que la pretendida reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

La réplica a Corral la emitió con dureza el vicecoordinador priísta José Ramón Martel: No me causa asombro lo que acaba de expresar con cinismo el diputado Javier Corral, de que ya no hay ninguna posibilidad de sacar la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley interesa a la sociedad, al gobierno federal, a los partidos políticos, a las organizaciones civiles y de derechos humanos y, desde luego, que la mayor responsabilidad la tiene el presidente de la Comisión de Gobernación, quien quedó a su vez de trabajar en conferencia con el Senado, pero su reconocida  irresponsabilidad y su agenda personal han trabajado aun en contra de su Presidente de la República y de su fracción parlamentaria, él está inmerso en sus intereses particulares.

–Al PRI se le ha documentado su interés por limpiar el nombre del Ejército por encima del respeto a los derechos humanos –se le dijo.

–Las instituciones de la República nos merecen el mayor de los respetos, y entre ellas el Ejército, a las fuerzas armadas; de lo que se trata es buscar una Ley de Seguridad Nacional que beneficie el Estado, y dentro de éste a la población, al orden jurídico y el territorio. No se trata de limpiar caras a nadie, el que manda es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas: ¿hay cara sucia en eso?, eso hay que preguntarle a Corral. Nosotros pensamos que las fuerzas armadas han cumplido con mucha honestidad las instrucciones de su jefe supremo.

–¿Hasta dónde interesa al PRI el tema de los derechos humanos?

–Cien por ciento. Creemos que cualquier actividad desarrollada por las fuerzas armadas deben respetarse por encima de cualquier consideración a los derechos humanos. Se deben circunscribir a hacer guardar la ley, pero también los derechos humanos.

Hasta ahora se ha complicado el trabajo en la Comisión de Gobernación. A la mitad de semana (miércoles y jueves) hubo dos convocatorias para sesionar en la Mesa Directiva –ni siquiera en el pleno de la Comisión– y las dos abortaron.

Y, coincidentemente, ningún diputado del PRI se presentó a ninguna de las dos sesiones, y si no hay condiciones para reunir a la Mesa Directiva, menos habrá para reunir al pleno.