El grupo de trabajo que se integró en la Cámara de Diputados para investigar los actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró reunir más de dos millones de firmas de ciudadanos afectados por el servicio de esa empresa pública, que fueron presentados ante la mesa directiva de San Lázaro para tomar como referencia del descontento que priva en el ámbito nacional y emprender cambios en la normatividad de esa dependencia.

César Augusto Santiago, presidente de ese grupo de trabajo, expuso que ante la deshonestidad que se hizo evidente en las actividades de la CFE, se encuentra un problema incontrolable de corrupción: “Tenemos dos años denunciándolo, y hacemos lo humanamente posible para incidir en él; ya fuimos a la Procuraduría Federal del Consumidor, presentamos una acción de inconformidad, negociamos con la comisión especial para que visite los estados y resuelva problemas concretos, hemos atendido un sinúmero de audiencias, y no avanzamos en nada.

Mientras esto pasa, el director de la CFE expone que ha revisado un reporte con seis mil llamadas de quejas por mal servicio, y que nadie está protestando por las groseras tarifas que se documentan todos los días ante esa empresa, y da a entender que nosotros los diputados somos argüenderos y que no tenemos razón.

Con enojo, el diputado César Augusto Santiago expuso que ya entregó a la mesa directiva de San Lázaro dos millones de firmas de personas –recabadas en distintas zonas del país– para que el Congreso dictamine por fin la iniciativa por la que se creará la Comisión Nacional Reguladora de Tarifas Eléctricas, con la finalidad de poner remedio a la creciente inconformidad social contra una compañía que ofrece malos servicios públicos, y mucho menos es una empresa de clase mundial, como demagógicamente no se cansan de repetir, dijo.

También advirtió que la CFE pretende desacreditar la protesta social, pues en cada acto al que hemos convocado se reúnen por lo menos 10 mil personas. No hay un estado donde no se haya sumado la población, y cínicamente el director de la CFE expone que no hay molestia entre los ciudadanos. El problema es que en el fondo hay una actitud soterrada de privatrizar el servicio de energía eléctrica: ustedes saben que Iberdrola y Unión Fenosa acaparan la producción de energía eléctrica; 50 por ciento de la generación de energía eléctrica está en manos de dos empresas españolas y, naturalmente, para pagarles las tarifas que pactan con ellos, las autoridades mexicanas siguen subiendo costos.

–El secretario de la Función Pública anunció que ya hay detenidos por el megafraude en la CFE, se le señaló.

–Por eso es que digo que actúan en cámara lenta. ¡Tenemos dos años con el tema! Yo me he entrevistado con el secretario de la Función Pública y le hemos exigido que asuma posturas claras. Y ahora resulta que en sus declaraciones anuncia que todos los implicados en el fraude tienen que ver con el equipo de trabajo de Néstor Moreno Díaz. ¿Como que lo están descubriendo un poco tarde, no? Nosotros lo hemos denunciado en todos los tonos. Detuvieron a Moreno Díaz por enriquecimiento ilícito y estuvo en la cárcel sólo seis horas: esos sí son récords mundiales de protección a corruptos.

–Entonces, ¿Salvador Vega Casillas es cómplice?

–Si supiera que fuera cómplice ya lo hubiera denunciado. Lo que me atrevo a decir, y lo digo con toda claridad, es que es un funcionario de efecto retardado, actúa en cámara lenta, porque hacemos una denuncia y a los dos años viene a resultar que ya obtuvo algún resultado, por cierto bastante mediocre.