Las acciones del Estado mexicano para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido parciales, insuficientes y lentas. De hecho es preocupante la forma como se han conducido las autoridades, afirmó Sergio García Ramírez, ex presidente del organismo internacional.

Advirtió que hay mucho todavía por hacer, como la reforma al Código de Justicia Militar, aunque el respeto a los derechos humanos no debe esperar ni un segundo más. Que esto se cumpla depende de modificar costumbres, usos políticos, de voluntad política, ética y convicción jurídica.

En entrevista durante el Congreso Nacional Juzgar con perspectiva de género, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal, el también ex procurador general de la República reconoció que al Estado le está costando trabajo asimilar esta nueva situación de México frente a las jurisdicciones internacionales.

Lo bueno es que el Estado ha dicho que va a cumplir con las sentencias de la Corte, pero es preocupante la forma como lo ha hecho en los casos de Campo algodonero por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Guerrero.

Otro aspecto positivo son las señales que provienen de organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se refiere a las sentencias de la CIDH y reconoce su valor, así como la necesidad de su cumplimiento.

Que esto sea así, significa que ha calado el derecho internacional en torno a las garantías individuales, aunque aún falta mucho, como modificar el Código de Justicia Militar, dijo García Ramírez.

Al respecto, ayer mismo, el ministro de la SCJN, Sergio Valls Hernández, informó que en seguimiento a las sentencias de la CIDH, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal iniciaron cursos de capacitación, para que con los elementos técnicos y científicos necesarios evalúen integralmente el delito de desaparición forzada.

Explicó que a partir de la sentencia del organismo internacional sobre el caso Radilla, los poderes del Estado mexicano deben ajustar sus leyes, manuales y criterios de investigación de los delitos relacionados con desaparición forzada, violencia sexual u homicidios para que se ajusten a estándares internacionales.

Esto incluye modificaciones al Código de Justicia Militar y la aplicación escrupulosa de los principios rectores en materia penal para prohibir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; y al mismo tiempo, preservar los derechos de las víctimas y/o sus familiares.

De hecho, indicó que la capacitación será permanente respecto del sistema en general y de la jurisprudencia de la CIDH, en particular sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial.

Por otra parte, Sergio García Ramírez se refirió a la disputa legal entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres, y explicó que la CIDH atiende quejas de individuos agraviados en sus garantías fundamentales por alguna autoridad u otro particular y en cambio, tiene como criterio no aceptar casos de personas morales.

Admitió, sin embargo, que el conflicto resuelto hace unos días por una sala de la SCJN es de la mayor relevancia, pues coloca en el tapete de la discusión la colisión entre derechos y la importancia del derecho a la información.

Recordó que ya ha habido casos de medios de comunicación de otros países (Costa Rica) que se llevaron a la Corte Interamericana, pero el criterio de no aceptación es que la persona moral no es un individuo. En cambio son numerosas las quejas admitidas de periodistas, escritores de libros a quienes se les ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión.