Acapulco, Gro., 25 de noviembre. Los procuradores de justicia de todo el país solicitarán al Poder Legislativo que aprueben reformas para que las compañías telefónicas entreguen de manera inmediata informacion de números presuntamente utilizados por integrantes de grupos criminales y, mientras ello ocurre, enviarán un exhorto a las empresas telefónicas para que acaten de manera oportuna los mandamientos judiciales que autorizan la intervención de comunicaciones privadas, ya que este problema impide dar celeridad a las indagatorias en curso.

Lo anterior forma parte de las conclusiones de la XXVI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realizó en este puerto, y durante la cual también se aprobó la creación de bases de datos "confiables" en materia de homicidios dolosos y desaparecidos.

Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y presidenta de la conferencia, dio a conocer que "las instancias de procuración de justicia se nutren también de información que se genera a través de las comunicaciones, es por ello que ésta conferencia se pronunció por exhortar a los concesionarios de redes de telecomunicaciones para que acaten en tiempo y forma los mandamientos judiciales que autorizan la intervención de comunicaciones privadas".

Al respecto, el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, indicó que es obvio que el trabajo de las procuradurías se ve afectado, ya que no se puede imprimir celeridad a las investigacionbes y, por ello, además del exhorto a las empresas telefónicas, también se está buscando que se realicen reformas legales para que las compañías entreguen la información que se les solicite de manera inmediata.

Ante la falta de cumplimiento a los mandamientos judiciales, los procuradores integrarán un grupo de trabajo para que en coordinación con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se analicen "las medidas que refuercen el cumplimiento de las resoluciones judiciales de este tipo".

De igual manera, los procuradores y autoridades migratorias "definieron acciones de coordinación dirigidas a reforzar la seguridad y protección de la frontera sur del territorio mexicano, en virtud del flujo importante de personas y mercancías por las líneas fronterizas y del riesgo que representa la operación del crimen organizado".

Por ello, la conferencia de procuradores "prevé integrar una comisión especial para proponer a la Secretaría de Gobernación, en los próximos días, la preparación de un programa integral de atención a esa región del país", anunció la titular de la PGR, señalando que se retomará "el compromiso del Instituto Nacional de Migración para facilitar a las procuradurías y fiscalías el acceso a la base de información biométrica de extranjeros, incorporada a Plataforma México, así como ofrecer capacitación en materia de protección de derechos humanos de migrantes y trabajadores fronterizos".

Durante este encuentro, una de las preocupaciones de los participantes fue encontrar la manera de combatir la posesión ilegal de armas de fuego, ya que se considera que es "un elemento que facilita la comisión de delitos con un ingrediente de letalidad adicional, por lo que se acordó iniciar el proceso de incorporación del sistema E-Trace en cada instancia de procuración de justicia, lo que contribuirá de forma importante a rastrear la compra-venta ilegal de armas, y a desarticular las bandas involucradas, y a llevar a prisión a sus líderes".

De esta manera, las procuradurías podrán, mediante "dictámenes periciales, sistematizar imágenes de proyectiles y cartuchos percutidos" y saber si han sido usadas en otros hechos delictivos y en qué entidades.

Otro tema que sobresalió en este encuentro fue el relacionado con las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS), las cuales existen en todas las entidades federativas, y ante las evidencias de que integrantes de estos grupos han pasado a formar parte de bandas del crimen organizado, esta vez los procuradores decidieron que deben "asegurar la permanencia de su personal evaluado y capacitado", y para ello acordaron "iniciar la revisión y adecuación del modelo a partir de la definición de estándares de medición nacionales".