adie en su sano juicio puede dejar de condenar enérgicamente la trata de personas con fines de explotación sexual en México, y exigir que se castigue a los auténticos responsables de secuestrar, amenazar y obligar a prostituirse a miles de niñas y adultas mexicanas, centroamericanas y de otros países. Pero, como advierte la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, en el marco del Día Internacional de la Eliminación a la Violencia Contra las Mujeres, desafortunadamente las políticas del gobierno supuestamente encaminadas al combate de la trata colocan a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y esclavas por decreto, sin excepción alguna.

Elvira Madrid y Jaime Montejo, de la Brigada Callejera, organización que se dedica a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, señalan que para este sector de la población este 25 de noviembre hay poco qué celebrar, pues el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración pública federal menciona como un objetivo erradicar la prostitución, sin atender las causas que la generan.

Además, señalan los activistas, hace apenas dos días, con 325 votos, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el consentimiento de la víctima como excluyente de responsabilidad para los inculpados por el delito de trata de personas, borrando por decreto la diferencia entre víctimas de trata y trabajadoras sexuales móviles, que migran permanentemente de un lugar a otro. Con esta disposición, a partir de ahora todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata, sin excepción, negándole por decreto el derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo y sobre su permanencia en la industria sexual.

Esta victimización, advierte Jaime Montejo, “no es otra cosa que violencia institucionalizada contra las mujeres trabajadoras sexuales. Impulsada básicamente por mujeres, es un despliegue de poder, un abuso que se legitima asegurando que sólo se busca el bien de las presuntas víctimas, cuando en realidad su fuerza material radica en perpetuar la precariedad del trabajo sexual, incluso en fomentarlo y ampliar sus redes para justificar el ‘rescate’ de trabajadoras sexuales que no requieren, no necesitan y no buscan ser rescatadas de ninguna situación abusiva en su contra”.

Una verdadera solución a la trata de personas en México no debe dejar de contemplar y consultar las voces de, en primer lugar, las trabajadoras sexuales, además de las organizaciones que defienden los derechos humanos de este sector, comisiones gubernamentales de derechos humanos, académicos, religiosos, vecinos y trabajadores de medios de comunicación sensibles a esta situación, considera la brigada.

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