Amnistía Internacional México (AI) realizó ayer un foro en el que expuso cuatro casos de mujeres que han asumido papeles de liderazgo en diversas luchas sociales, y resaltó su participación decidida, pese a la represión que debieron enfrentar.

Durante el acto, realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Sara López, integrante del Movimiento Nacional contra las Altas Tarifas Eléctricas, señaló que en 2006 formó parte de las más de 30 comunidades del estado de Campeche que se organizaron para rechazar los costos desmesurados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad.

Luego de una lucha en la que se negaron a pagar sus recibos de luz, fue acusada de secuestro de un funcionario de la CFE, y posteriormente encarcelada durante 11 meses tras ser detenida con lujo de violencia por la policía ministerial. Finalmente, fue liberada gracias a la presión de varias organizaciones populares.

Flor López, indígena mixteca e integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), rememoró la lucha de la activista Beatriz Cariño –asesinada el 27 de abril de 2010 junto con el finlandés Jyrii Jaakkola, durante una caravana hacia la comunidad de San Juan Copala–, quien tenía la capacidad para impulsar cambios profundos desde abajo sin esperar nada del gobierno.

Luchas sociales, criminalizadas

Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidente de la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa (OPIM), presentó un resumen de la historia de esta organización –creada en 1997–, que comenzó a pelear por defender sus derechos, luego de que al menos 24 hombres de comunidades tlapanecas fueron esterilizados con engaños.

En el foro, la dirigente indicó que fue amenazada de muerte por primera vez en 2005, sin que las autoridades hicieran algo por averiguar quién fue el autor de dicha intimidación. Desde entonces, la militarización y el hostigamiento continuaron, incluso con el asesinato de dos integrantes de la OPIM y la aprehensión injustificada de 16 más.

Magdalena García Durán, artesana y comerciante de la comunidad de San Felipe del Progreso, estado de México, recordó la forma en que las autoridades se negaron en múltiples ocasiones a dar atención básica a la población indígena, y cómo fue encarcelada por participar en una manifestación a favor de los habitantes de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

Finalmente, Lourdes Barrera, presidente del comité directivo de AI México, puntualizó que los casos anteriores demuestran cómo muchas mujeres deben padecer no sólo discriminación por motivos de género, sino también represalias por ser pobres y participar en luchas de reivindicación social, que han sido cada vez más criminalizadas.