Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, consideró que los diferendos entre medios de comunicación no deben ser resueltos por el Poder Judicial sino por un organismo autónomo, una comisión de alto nivel integrada por periodistas con prestigio y autoridad moral.

De lo contrario, sostuvo, el riesgo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió en el litigio entre La Jornada y la revista Letras Libres, adopte una determinación que atente contra la libertad de expresión y se avance hacia una guerra sucia entre los medios.

El senador Labastida Ochoa consideró que es preocupante que se abra la puerta a la calumnia y la difamación contra algún periódico o estación de radio o televisión, e insistió en que no es el Poder Judicial el que debe dirimir conflictos entre medios masivos de comunicación, escritos y electrónicos.

La Corte se metió en un diferendo entre dos medios y está rayando en el riesgo de atentar contra la libertad de expresión. La experiencia señala que cuando interviene alguno de los poderes se pone en riesgo esa libertad de prensa.

Expuso que el mejor sistema que conoce en materia de investigación y sanción a calumnias y difamación de un periódico a otro, de una publicación impresa a una electrónica y viceversa, es el que rige en Chile. Ahí existe una comisión especializada de alto nivel que juzga la ofensa reclamada y obliga a quien resulte responsable a hacer la aclaración respectiva en primera plana, es decir, deben hacerse las rectificaciones correspondientes.

Labastida consideró que en México se necesita un sistema similar, que deje fuera al Poder Judicial y el control sea de los propios medios, los cuales deberán resolver los conflictos, juzgar y dictaminar cuál es la sanción que corresponde.

–¿En caso contrario se puede entrar a una guerra de calumnias e infundios, donde los monopolios se impongan?

–Sí, por eso considero que debemos avanzar a otro sistema en que los conflictos los dirima un organismo de periodistas electos por periodistas, por su autoridad moral y prestigio, en el que podrán participar expertos en medios de comunicación, que luego de analizar el caso obliguen al medio que difama a retractarse o rectificar en primera plana.

Detalló que se trata de un sistema de autocontrol, que requiere de una reforma legal que los sustente, y es uno de los pendientes que debe resolver el Congreso.