La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal de Protección a Testigos, que incorpora las figuras de personas protegidas y testigo colaborador, para quienes ofrezcan información o estén en riesgo al haber sido testigos de crímenes de la delincuencia organizada, y que por esa razón formarán parte de un programa de cobertura a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).

El dictamen, que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, crea un Centro Federal de Protección a Personas, que estará a cargo de realizar estudios técnicos que determinen el grado de existencia de riesgos para testigos o víctimas de un delito.

Dicho centro estará obligado además a llevar un registro de las personas que voluntariamente decidan sumarse al programa de colaboración y/o protección únicamente con fines estadísticos, debido a que su identidad se considerará reservada, de acuerdo con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

Al hablar en favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), afirmó que se trata de una ley histórica, moderna y novedosa, que acabará con la discrecionalidad en la adopción de medidas de protección a víctimas o a integrantes de la delincuencia organizada que deciden aportar información, a cambio de resguardo.

La diputada Dolores Nazares (PRD) sostuvo que con esta ley se terminará con el uso político de protección a testigos. No olvidamos el agravio a militantes y servidores públicos surgidos del PRD, a quienes se les acusó falsamente de pertenecer al crimen organizado, se les encarceló y finalmente se les liberó.

Asimismo, durante la sesión, el pleno aprobó con 333 votos una reforma al artículo 13 de la Ley del Registro Público Vehicular, para obligar a las empresas dedicadas al blindaje de vehículos a asignarles un número de identificación.

Esto, con objeto de contar con una base de datos de todos los vehículos blindados y quiénes son sus propietarios, y evitar así que los automotores sean utilizados por la delincuencia organizada.

El pleno avaló una reforma al artículo 395 del Código Penal Federal, para ampliar a 12 años de prisión a quienes cometan el delito de despojo de un predio o inmueble, y con multas de entre 30 a 50 por ciento del valor catastral de las propiedades. La misma pena de cárcel aplicará por despojo de aguas, pero la multa será equivalente a 5 mil días el salario mínimo vigente.