El que calla...
arecía que el gigante (Telmex) había derribado la puerta y que podía entrar al mercado de la televisión de paga. No es así, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está obligada a responder si concede la autorización y por cuáles razones.
El sobresalto derivó de un amparo concedido a Telmex por la juez Jessica Villafuerte, del sexto juzgado de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, el cual se interpretó como autorización a la telefónica para dar el servicio de televisión por cable.
Los enterados aclaran que, en realidad, el mandato judicial sólo obliga a la SCT a tomar en cuenta pruebas en favor de Telmex, como la afirmativa ficta
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), derivada de que este organismo no respondió a una solicitud de la telefónica para modificar su título de concesión.
En términos jurídicos, ese silencio se considera una respuesta positiva. La Cofetel admitió que hubo la solicitud e incluso abrió una investigación interna, pues se presume que hubo negligencia de los funcionarios encargados de dar la respuesta negativa.
La cosecha
La Cámara de Diputados aprobó reformas para evitar que los programas de desarrollo social incluidos en el presupuesto federal sean utilizados con fines electorales y asegurar la distribución equitativa de los recursos destinados a superar la pobreza. El dictamen fue respaldado por Elpidio Concha Arellano (PRI), Carlos Luis Meillón Johnston (PAN) y Martín García Avilés (PRD), quienes señalaron que la reforma permitirá mayor transparencia y equidad. La minuta se envió al Senado para su ratificación.
Además, los diputados aprobaron reformas al Código Penal para imponer penas de tres a 12 años de prisión y multas de 30 a 50 por ciento sobre el valor de inmueble a quien resulte responsable de un despojo. Actualmente se establece una multa de 50 a 500 pesos, lo cual es insuficiente, precisa el dictamen de la Comisión de Justicia, presidida por Humberto Benítez Treviño.
Las 65 familias de desplazados guatemaltecos que permanecen en Tenosique, Tabasco, desde el pasado 30 de agosto, reciben ayuda humanitaria del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto el gobierno de Guatemala resuelve su repatriación. Desde el 2 de septiembre pasado se les ofreció a esas familias solicitar al Estado mexicano la condición de refugiados, pero la rechazaron.
El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, apremió a las autoridades electorales a definir las reglas de las precampañas, para no judicializar los comicios de 2012. En particular, indicó que no hay claridad en el concepto de acto anticipado de campaña
, el cual resulta central ante la decisión de algunos precandidatos de no simular contiendas internas para tener derecho a tiempos oficiales en radio y televisión.
