El consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) Rogelio Gasca Neri denunció que los contratos de servicios para la exploración, el desarrollo y la producción de hidrocarburos en las áreas de Altamira, Arenque, Atún, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca, en la región norte, aprobados recientemente por el consejo de administración de la paraestatal, no son benéficos para la petrolera mexicana.

En su voto razonado en sentido negativo, emitido en la sesión extraordinaria 835, celebrada el 15 de noviembre de 2011, afirma: Estos nuevos contratos son aún menos equitativos que los aprobados para la región sur (Santuario, Magallanes y Carrizo), asignados el pasado 17 de octubre de 2011, con la firma de los contratos, aseguró Gasca Neri.

El balance en los nuevos contratos es claramente contra Pemex. Ejemplo de ello son las mayores facilidades y ventajas que se le otorgan en diversas cláusulas al contratista.

Advierte que la aprobación de estos contratos equivale a estar tomando decisiones de política energética que no le corresponden a este consejo; es tomar decisiones que afectarán a Pemex en forma importante y atarán a las siguientes generaciones con un esquema de apertura del sector petrolero que inhibirá o condicionará las decisiones en este importante sector para la economía, para las finanzas públicas y para el país.

Tras la aprobación de estos seis nuevos contratos en la región norte, se prevé que en los próximos días se anunciará la segunda ronda de licitaciones para la exploración y producción de crudo a través de firmas privadas, que serían asignados en mayo de 2012.

Recordó Gasca Neri que desde seis meses antes de la sesión de consejo en la que se aprobaron los tres primeros contratos (Santuario, Magallanes y Carrizo), manifestó al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, así como a los otros consejeros profesionales (Héctor Moreira, Fortunato Álvarez y Fluvio Ruiz) su desacuerdo con diversos aspectos del modelo de contrato y propuso algunos cambios al contrato para la región sur.

Entre los cambios indispensables propuestos destaca: eliminar el concepto de recuperación de costos y establecer que la remuneración única del contratista será la tarifa unitaria por barril de petróleo extraído y entregado a Pemex, que haya resultado ganadora de un proceso competitivo de licitación.

En la práctica, señala Gasca Neri, la recuperación de costos ha sido un fracaso en diversos países, como en Kazajstán, aun cuando en teoría las disposiciones contractuales de recuperación de costos reflejen una alineación de intereses.

Explicó que la recuperación de costos no evita que se comparta la renta, no reduce la incertidumbre en los costos y no permite ningún control sobre el pago al contratista, por lo que en los países donde se utilizó se establecieron métodos de control, como por ejemplo limitar la rentabilidad del contratista a un porcentaje predeterminado.

Consideró que el concepto de recuperación de costos conlleva un alto grado de opacidad en la licitación y en los pagos; y por lo tanto su conveniencia debió de haberse discutido ampliamente en el consejo.

También propuso eliminar el derecho del contratista a solicitar modificaciones al contrato frente a la promulgación de impuestos aplicables exclusivamente a prestadores de servicios de petróleo y gas. Además, debe preverse que no se garantiza estabilidad fiscal al contratista.

Plataforma de exploración en el Golfo de MéxicoFoto José Carlo González

Rogelio Gasca también exigió reducir el plazo del contrato, reconociendo que los ciclos políticos, económicos, financieros y corporativos son mucho más cortos que 25 años.

Se pagará más por barril

Insistió en eliminar cualquier disposición relativa a la formación de asociaciones que tiendan a ser escudo para los contratistas ante la vigilancia, control o reclamos de Pemex. Lo anterior, agregó, porque con esas asociaciones el contratista deja de ser simplemente un prestador de servicios y se convierte en socio del negocio.

Éstos y otros cambios que proponía Gasca Neri para los contratos de la región sur, siguen siendo válidos para los contratos de la región norte.

El consejero profesional independiente expresó que las modificaciones que se presentan en los contratos para la región norte respecto de los contratos firmados de la región sur le parecen preocupantes.

Ejemplificó: Los contratos de la región sur establecían un plazo de 25 años, que ya me parecía excesivamente largo, dado que contratos de tan larga duración tienden a sufrir cambios fundamentales durante su vigencia. Por lo tanto, en mi memorando al director general y en mi voto razonado sobre los tres contratos de la región sur planteaba que se redujera el plazo. En estos nuevos contratos, lejos de reducirse, el plazo se aumenta a 30 años, sin ninguna justificación.

Abarcan todas las operaciones

La denominación de estos segundos contratos también es diferente, con lo que ello implica. En esta ocasión se trata de contratos de exploración, desarrollo y producción, mientras los de la región sur eran de evaluación, desarrollo y producción. Con este cambio se cubre la totalidad del espectro de operaciones petroleras en un solo contrato de servicios. Aunado a ello, no se entiende por qué incluir servicios de exploración para campos maduros, que por definición no requieren de ella.

Estos nuevos contratos son aún menos equitativos que los aprobados por el consejo para la región sur y también menos equitativos que los que finalmente se firmaron. El balance en el nuevo contrato es claramente en contra de Pemex. Ejemplo de ello son las mayores facilidades y ventajas que se otorgan al contratista en diversas cláusulas, tales como: se elimina que el contratista sea responsable de mantener los ductos e infraestructura existente en el área de trabajo.

Para el cálculo del factor de ajuste a la tarifa (FAT), se incrementa el porcentaje de la tarifa pasando de 60 a 70 por ciento, lo que implica un pago más alto al contratista.

El pago por la producción base se incrementa, al pasar de 21 a 23 por ciento de la tarifa por barril, sin que se presente una explicación detallada que justifique este aumento.

Se reduce el presupuesto anual para programas de capacitación y educación de uno a 0.5 por ciento, así como para programas de desarrollo sustentable de 2 a 1 por ciento.