Durante 2010 y hasta octubre de este año las procuradurías generales de Justicia del estado de México y del Distrito Federal han registrado 802 y 550 casos, respectivamente, en los cuales menores de edad fueron víctimas de los delitos de privación de la libertad y/o sustracción de sus hogares por alguno de sus padres, de acuerdo con los reportes estadísticos de ambas dependencias.

Del total de casos en la entidad mexiquense, 558 se refieren a privación de la libertad de menor, considerado delito agravado en ese estado, que alcanza una pena hasta de 40 años de prisión. Los otros 244 casos corresponden a niños que fueron sustraídos de su hogar por alguno de los miembros del núcleo familiar.

En lo que respecta al Distrito Federal, de los 550 casos, 352 corresponden a la sustracción de menores del domicilio en que habitan, fundamentalmente cuando los padres están enfrascados en juicios de divorcio en los que se pelea la custodia de los hijos.

Víctor Gamboa, abogado especialista en derecho familiar, precisó que ambos delitos se cometen entre padres o familiares de los niños.

Se utiliza a los hijos como herramienta para hacer daño, son utilizados como proyectiles para causarse daño entre mamá y papá. Cuando hay riesgo de divorcios, más se dan los casos de privación o sustracción de los hijos, señaló.

El especialista explicó también que la figura de la sustracción puede denunciarse de inmediato cuando uno de los cónyuges se lleva al hijo, mientras la privación de la libertad ocurre cuando el menor se mantiene retenido en un domicilio ajeno al de sus padres.

En 85 por ciento de los casos, se atiende de inmediato y se evita que se prolongue la sustracción; sin embargo, muchas veces uno de estos delitos lleva al otro.

Aunque en menor medida, familiares en tercer grado suelen estar involucrados en estos actos.

“En un porcentaje menor también están involucrados familiares, como tíos o abuelos, que en ocasiones actúan motu proprio o por invitación de uno de los cónyuges”, abundó Chávez.

El litigante indicó que cerca de 90 por ciento de los menores que han sido víctimas de estos delitos pudieron regresar a su casa; no obstante, algunos padres actúan con rapidez y logran sacarlos del país, lo que afecta seriamente su estabilidad emocional.

Añadió que los menores que viven esta situación posteriormente presentan problemas de conducta y trastornos sicológicos al vivir alejados de uno u otro de los padres.