El cuerpo de las mujeres ha sido tomado como un territorio simbólico de guerra en donde las autoridades ejercen un castigo colectivo, en el contexto de una estrategia oficial para generar miedo y desmovilización, señalaron las participantes en el foro académico-vivencial Atenco. Mujeres en resistencia, organizado ayer por diversos colectivos de derechos humanos.

El representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló que los abusos sexuales son apenas la punta del iceberg de un fenómeno más amplio de violencia, por lo que confirmó la admisión de la queja contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres agredidas, interpuesta ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó que la represión policiaca contra la comunidad de San Salvador Atenco, ocurrida los días 3 y 4 de mayo de 2006, es un ejemplo de la manera en que funciona la impunidad en el país, y de cómo el cuerpo de las mujeres es tomado como un territorio de guerra política y jurídica, sin que ninguna reforma legal pueda impedirlo.

Con este caso, dijo, se demuestra que el Estado mexicano no aprendió la lección de lo ocurrido con las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002, por lo cual interpusieron una demanda ante la justicia interamericana que derivó en una sentencia contra el gobierno del país.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que lo ocurrido en Atenco no fue un hecho aislado, sino parte de un modelo institucional de violaciones a las garantías individuales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La constante es la creación de miedo, para hacernos volver a la etapa en que las personas no exigían sus derechos.

Las académicas universitarias Rosalva Hernández y Clemencia Correa subrayaron que la violencia de género forma parte de las campañas contrainsurgentes del gobierno mexicano, en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como una especie de botín de guerra que contiene el honor de toda una comunidad, y en esa medida se trata de un castigo no sólo individual, sino colectivo.

El foro concluyó con las intervenciones de Edith Rosales e Italia Méndez, quienes sufrieron ataques sexuales por policías en San Salvador Atenco, y recordaron los tratos degradantes a los que fueron sometidas. Sin embargo, dijeron, el miedo y la inmovilidad que buscaban generar los abusos, terminaron convirtiéndose en motivos para indignarse y seguir luchando.

Valentina Rosendo Cantú también ofreció su testimonio del ataque que sufrió hace nueve años, y dijo que aunque padeció el rechazo de su comunidad e incluso de su esposo, finalmente logró hacer que la CIDH la escuchara y emitiera una sentencia a su favor, que el Estado mexicano se ha rehusado a cumplir.

Hay una Valentina que fue maltratada y violada, y otra que está sacando adelante a su hija y a su hermana. El día en que el gobierno reconozca su culpabilidad, sabrá que no pudo apachurrarme y entonces las dos Valentinas se van a rencontrar, afirmó.