Omisiones en la reforma electoral en la fórmula transitoria para fijar topes de gastos de precampaña del 2012 motivaron que el Instituto Federal Electoral aprobara un límite de 167 millones de pesos, casi 50 por ciento del tope de gasto para la campaña presidencial, y no el 20 por ciento, como está regulado para las elecciones subsecuentes. Con la oposición de los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Nacif y la argumentación del resto cuestionando la elevada suma, pero justificando la imposibilidad legal de evitarlo, se avaló el tope.

El tema suscitó un largo debate en el que había una coincidencia: los 167 millones de pesos que se desprendían de la fórmula aplicable para el 2012 –equivalente al 20 por ciento del tope de campaña presidencial de los comicios anteriores, que fue de 651 millones de pesos en 2006– eran excesivos y no correspondían al espíritu del legislador de reducir los gastos de campaña y precampaña.

La cifra que estamos aprobando dista mucho de ser el 20 por ciento que se empleará para esta precampaña. El legislador no previó un régimen de transición entre la ley anterior y la vigente, dijo Figueroa en alusión a que el Congreso redujo a la mitad el tope de gastos de campañas presidenciales; fijó que los topes de precampaña deberán ser de 20 por ciento del de la campaña presidencial anterior, pero olvidó que la pasada elección se rigió aún bajo el esquema de financiamiento anterior y ello impactaría justamente en las precampañas de la elección del 2012, las que definió como de transición.

El dilema radica –agregó– en que el IFE adopte literalmente la ley o asuma que hubo una reforma legal que atendía la demanda de reducir el gasto. En respaldo, Nacif dijo que es obvio que la fórmula aplicable –por las omisiones de la ley– no es lo que el legislador pensaba, y el origen del problema radica en la ausencia de un esquema de transición.

Incluso los legisladores Pablo Gómez, del PRD, y Agustín Castilla, del PAN, reconocieron la omisión de no aprobar un artículo transitorio que impidiera un costo tan alto en las precampañas presidenciales. El perredista planteó incluso una alternativa –que tuvo eco– para utilizar otro esquema que permitiera reducir el gasto en las precampañas que, dijo, es tan elevado que sólo el PRI podría erogar tal cantidad en sus procesos internos.

A su vez, el diputado panista Agustín Castilla dijo que uno de los objetivos centrales de la reforma era reducir los costos de campañas y precampañas y no lo estamos logrando; 167 millones de pesos por precandidato, divididos entre 60 días, implica que cada uno podrá gastar 2.78 millones de pesos diarios.

Fue el consejero Marco Antonio Baños quien abundó en el dilema del IFE, pues, estando de acuerdo en que era un gasto excesivo, estaba imposibilitado legalmente de actuar en consecuencia y no aplicar lo establecido por la ley, ante la ausencia de un régimen transitorio. Mi punto es: ¿el IFE tiene facultades para reinterpretar y hacer una fórmula de cálculo diferente? Me parece que no. Y en ese sentido votaron cuatro consejeros, por lo que se aprobó un tope de precampaña de 167 millones de pesos.

Sin debate, igualmente se aprobaron los otros topes: de campaña presidencial, 328.6 millones de pesos; de precampañas para diputados, 179 mil pesos, y de senadores, variante en función del número de electores, que va desde 973 mil a 9.7 millones de pesos. También se aprobaron los lineamientos de verificación del padrón de los partidos, la designación de consejeros locales que fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros distritales.

Por otro lado, el IFE desahogó procedimientos especiales sancionadores a partir de recursos interpuestos por el PAN en contra de los ex candidatos a la gubernatura de Michoacán del PRI, Fausto Vallejo, y del PRD, Silvano Aureoles, así como del PRD contra la ex candidata Luisa María Calderón. Los proyectos originales desechaban las quejas panistas y sobreseían la promovida por el PRD. Sin embargo, a instancias de la consejera Macarita Elizondo, que argumentó en contra de la aplicación de dichas figuras, se impulsó que en los tres casos se consideraran infundadas, como finalmente se aprobó.