Aguascalientes, Ags., 23 de noviembre. El gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre acusó a su antecesor, Luis Armando Reynoso Femat, de desviar 106 millones de pesos que le entregó la Federación para la construcción del hospital Miguel Hidalgo.

De la Torre, quien tomó posesión el primero de diciembre de 2010, apuntó que el gobierno de Reynoso Femat dejó el nosocomio en obra negra, con un avance de apenas 40 por ciento, y para completarlo y equiparlo se requieren 950 millones de pesos. Este gasto no está previsto en el presupuesto estatal de 2012.

Como la obra –ubicada en el complejo de las Tres Centurias, en el centro de esta capital– fue avalada por la Federación, la Secretaría de Salud deberá erogar los recursos faltantes, agregó.

La construcción se inició en 2008, pero a principios de 2010 se detuvo por falta de fondos. El presupuesto original era de mil 300 millones de pesos.

Como senador, me tocó buscar recursos para el hospital Hidalgo y el centro de convenciones (que requiere una inversión de 560 millones de pesos). Es un compromiso del gobierno federal. Seguiremos insistiendo. No pueden quedar abandonados estos proyectos, dijo el Ejecutivo estatal.

El gobierno federal estuvo dando recursos para estas obras, pero en el último año de la administración anterior no fueron canalizados al hospital; 106 millones se fueron a otros gastos de áreas de salud, pero eso ya no lo podemos resolver y vamos a insistir para atraer fondos, dijo.

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno estatal ha emitido 200 sanciones. Las más fuertes consistieron en cuatro inhabilitaciones y la orden de reintegrar 45 millones de pesos a diversas dependencias, pero el tema del hospital ni siquiera se ha mencionado.

Entre los inhabilitados se encuentran Pedro Carneado García, ex director del Instituto de Vivienda, quien no podrá ocupar cargos públicos en 10 años y deberá reintegrar 4.3 millones de pesos, que donó en 2007 a damnificados de las lluvias en Tabasco sin estar facultado para ello.

Otro señalado es el ex secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, a quien se comprobaron irregularidades en el manejo de fideicomisos, por lo que fue inhabilitado 13 años.

Ventura Vilchis Huerta, director del Instituto de Salud del estado, quedó impedido para ocupar puestos públicos por 10 años y fue obligado a reintegrar 13 millones de pesos que supuestamente se destinaron a la compra de equipo médico moderno que nunca apareció en el hospital.

A Florentino Reyes Berlié, secretario de Gestión e Innovación, se le inhabilitó por 10 años y se le exige reintegrar 23 millones de pesos por haber inflado el precio de una velaria en la isla San Marcos.

Todos ellos impugnaron la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.