Las trabajadoras domésticas en México sufren rezago en el ejercicio de sus derechos humanos, ya que 14 de cada 100 trabajan en varias casas y, pese a ello, 22.5 por ciento gana entre 250 y 500 pesos a la semana, mientras 7.8 por ciento reciben menos de 250 pesos en ese lapso.

Asimismo, 25 personas de cada 100 justifican darles de comer alimentos sobrantes y sólo entre uno y 6 por ciento tienen alguna prestación social, consigna la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), presentada ayer en el Senado de por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Enadis revela que en México más de 2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado viven cotidianamente los efectos de prejuicios históricos, minusvaloración y discriminación que se dan al amparo de la privacidad del hogar, la frontera entre lo público y lo privado, la creencia de que el buen trato suple derechos laborales, y la falta de acciones gubernamentales para promover la igualdad.

La directora regional de ONU-Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló que para ese sector sigue pendiente el tema de generar las herramientas y mecanismos que permitan el pleno reconocimiento de sus derechos. Ello, no obstante, que el trabajo del hogar representa 21.6 por ciento del producto interno bruto, indicó la subsecretaria de inclusión laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Espinosa.

El director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, detalló que las personas de ese sector representan 4.5 por ciento del total de la población económicamente activa (PEA) en el país, esto es, 11 por ciento de la PEA femenina y sólo uno por ciento de la masculina. Es significativo, dijo, que 92 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado sean mujeres.

Wissing advirtió que es un imperativo legal pagar lo justo y reconocer los derechos laborales a dos millones de trabajadoras del hogar; hacerlo, explicó, tendrá un impacto socioeconómico positivo, pues se estimularía el mercado interno, se contribuiría a la generación de empleo formal e incidiría directamente en los índices de pobreza.

Ricardo Bucio, presidente del Conapred, planteó reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, e incluso hay que crear una ley específica sobre trabajo doméstico para evitar las dificultades que existen de reformar la ley laboral.

A su vez, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel, exhortó a las y los legisladores a aprobar la reforma laboral para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y se comprometió a impulsar que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre los Derechos de Trabajadoras del Hogar, una vez que sea recibido de pardel gobierno de Felipe Calderón.

Con ese convenio se pretende adoptar nuevos estándares internacionales de protección de los derechos a partir de la ratificación que hagan los estados parte de la ONU.