La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció formalmente la admisión de la denuncia presentada contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente en mayo de 2006 tras la incursión de la policía en la comunidad de San Salvador Atenco, informó ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La notificación fue recibida el pasado viernes por las dos organizaciones que representan a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el mismo Cejil, anunció éste último mediante un comunicado.

El caso, presentado el 28 de abril de 2008 con el nombre de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, involucra la comisión de delitos graves, como detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, además de la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades del país.

Por todo ello, el organismo interamericano consideró que hay la posibilidad de que se hayan violado los derechos a la integridad personal, libertad y seguridad de las mujeres atacadas, además de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de la llamada Convención de Belém do Pará.

Luego de que la CIDH admitió la queja, las organizaciones representantes de las víctimas tienen tres meses para estructurar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos a las autoridades nacionales, para que éstas a su vez armen sus alegatos de defensa en el mismo plazo.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Cejil, señaló que este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquéllos han sido vulnerados por agentes del Estado, y recordó que el país ya ha recibido antes condenas desfavorables de la CIDH relacionadas con agresiones contra mujeres, como lo demuestran las denuncias de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

El director del Prodh, José Rosario Marroquín, celebró que la comisión interamericana admitiera el caso a revisión, y aunque advirtió que sólo se trata del primer paso de un proceso judicial que puede llevarse más o menos un año, consideró que al menos se demuestra que sí hay elementos suficientes para probar los abusos cometidos por el Estado mexicano en Atenco.

Al término de la presentación del informe La frontera olvidada, el activista explicó que las autoridades del país suelen pedir prórrogas que van retrasando el caso, pero advirtió que si el gobierno ignora las eventuales recomendaciones de la CIDH, el tema puede presentarse después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía nos espera un largo camino, pero anima mucho a las mujeres saber que el caso va para adelante.