En la región de Tenosique, Tabasco, se vive desde hace años una situación invisibilizada de catástrofe humanitaria en contra de miles de migrantes indocumentados que cruzan ese territorio todos los días, expuestos al crimen organizado y las autoridades cómplices de éste, pero también contra los refugiados de otros países y los activistas que asumen su defensa.

Es una de las conclusiones del informe La frontera olvidada, que una decena de colectivos de derechos humanos presentaron ayer, luego de realizar una visita de observación por la zona, del 19 al 21 de octubre pasado.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, describió las amenazas, actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias que padecen los organismos de defensa de los migrantes en la zona de Tenosique, particularmente el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y el Refugio para Personas Migrantes La 72.

Al documentar las actividades de trata de personas de los grupos de delincuentes, y la connivencia de las fuerzas de seguridad, estos dos centros se han visto sometidos a una campaña de agresiones, a tal punto que solicitaron medidas elementales de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como alumbrado público eficiente o acceso a una línea telefónica, sin que hasta el momento se hayan cumplido dichas peticiones.

Diana Martínez, de la organización Sin Fronteras, indicó que la tragedia que se vive de forma cotidiana en Tenosique se ha invisibilizado durante mucho tiempo, pero que de acuerdo con estimaciones de la CNDH sería de unos 20 mil secuestros de migrantes al año, por lo que llamó a basar la política migratoria del país no en el concepto de seguridad nacional, sino en los derechos humanos.

Por su parte, fray Tomás González, director del albergue La 72, llamó la atención sobre el drama que están viviendo las más de 65 familias desplazadas de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, y advirtió que en la zona están dadas las condiciones para que ocurra una matanza similar a la de San Fernando, en Tamaulipas.

Finalmente, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio a conocer las recomendaciones finales del informe, entre las que destacan otorgar una visa de corto plazo para que los migrantes indocumentados transiten libremente por México; realizar investigaciones prontas e imparciales de las agresiones contra defensores de derechos humanos; garantizarle a los refugiados guatemaltecos las mejores condiciones mientras permanecen en el país, y favorecer un retorno digno a su país.