Elisa Mizrahi Ambe y Liliana Ortiz Gómez no tenían casi nada en común. La primera, miembro de la comunidad judía en México, vivía en un penthouse en la exclusiva zona de Interlomas. La segunda ha vivido la mayor parte de su vida en una colonia popular en el municipio mexiquense de Valle de Chalco.

Hace un año las dos vivieron experiencias similares. Ingresaron a un reclusorio femenil por la acusación penal que levantaron sus respectivos esposos. Los delitos imputados formaron parte de la estrategia que siguieron los abogados para conseguir el divorcio.

Elisa tiene cuatro hijos y Liliana también, pero sus cónyuges se niegan a otorgarles 50 por ciento de pensión alimentaria, pese a que la legislación civil en el estado de México determina que corresponde ese porcentaje a las mujeres que durante el matrimonio no hayan trabajado y tengan al menos dos hijos menores de edad. Es el caso de ambas mujeres, quienes ahora cuentan su historia a La Jornada.

Abogados especializados en derecho familiar indicaron a este diario que es muy común que los esposos se nieguen a otorgar más de 25 por ciento de pensión, y por ello reciben las recomendaciones de despachos de abogados que sugieren amedrentar a las cónyuges con el peso de una denuncia penal, con la finalidad de que acepten un convenio de divorcio favorable a los varones.

Víctor Manuel Gamboa Rullán, con más de 20 años de experiencia en litigios familiares, indicó que es una expresión de violencia de género la que utilizan para evitar hacer frente a sus obligaciones legales para con sus hijos y esposa.

Destacó que el Código Civil para el estado de México es una de las legislaciones estatales que brindan mayor tutela a los derechos de las mujeres que buscan divorciarse y nunca trabajaron durante la sociedad conyugal. Sin embargo, explica, muchos despachos recurren al derecho penal para doblegar a las mujeres que exigen 50 por ciento de pensión alimentaria para ellas y sus hijos menores.

La mañana del 6 de septiembre de 2010, Elisa Mizrahi Ambe salía de su domicilio para visitar a su madre cuando una patrulla de la policía mexiquense la detuvo, la bajó de su automóvil, le colocó esposas y la trasladó al penal femenil conocido como Santiaguito.

“Fue una pesadilla. No supe a quién recurrir. Los policías me decían que ya me había cargado la chingada y que eso me pasaba ‘por pasarme de güevos con mi marido’”, cuenta a La Jornada la señora Mizrahi.

Su esposo, el empresario judío Mayer Zaga Romano, dedicado a la industria textil, la acusó de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz.

Estuve una noche en prisión, la peor de mi vida. Y cuando mis hijos y yo nos enteramos de qué se trataba la acusación (utilizar un vehículo, propiedad de su marido, sin su autorización), no lo podíamos creer. Es el acto más ruin que una persona puede hacer contra otra, dijo la mujer, que dos días después recuperó su libertad tras pagar una fianza cercana al millón de pesos.

José Mayer Mizhari, hijo mayor del matrimonio, indicó en entrevista que haber visto a su madre en la cárcel por culpa de mi padre despertó su interés por ayudar a otras mujeres en circunstancias similares.

Estoy en proceso de constituir una fundación de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y están en prisión, porque su marido no quiere pagarles una pensión justa. Mi padre, además del maltrato físico y sicológico en contra nuestra y de mi madre, se ha negado a cumplir con sus obligaciones por ser el único que trabaja de mis padres, expuso el joven de 19 años de edad, que truncó su preparatoria porque su padre dejó de pagar la colegiatura.

Elisa está a la espera de que el juez 12 de lo civil con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le conceda 50 por ciento de la pensión alimentaria que reclama de Zaga como parte del derecho que le concede la legislación civil mexiquense.

Otro caso similar es el de Liliana Ortiz Gómez, quien tras recibir insultos y ser golpeada perdonó a su pareja sentimental, Miguel Ángel Calderón Cruz, a quien denunció por violencia familiar.

Liliana está presa en Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal. Su concubino la acusó de haberle robado un reloj, valuado por los peritos ministeriales en 850 pesos. La acusada tuvo que vender el reloj para pagar la leche y pañales de tres de sus hijos, de dos, cuatro y seis años de edad, pues su pareja no le dejaba dinero.

A diferencia de Elisa, ella es una mujer de bajos recursos que no tuvo para pagar un abogado ni garantizar la fianza de mil pesos que fijó el juez de la causa penal.

En su declaración, expone que su pareja era muy celosa y que la insultaba, además de que se negaba a darle el divorcio y mucho menos la pensión de 50 por ciento que ella exigía para cubrir sus gastos y los de sus hijos menores de edad.

El abogado Rogelio de la Garza, especializado en derecho penal, sugiere que para evitar esta forma de violencia de género, maquillada como asunto legal, los jueces penales deberían pedir informes para saber si un inculpado tiene en curso juicio de divorcio.

La idea es que si existe correlación entre un juicio de divorcio y un proceso penal, los jueces deben ser más cuidadosos al momento de resolver respecto de una orden de aprehensión, para evitar injusticias de difícil reparación, concluyó.