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Avalan en comisión propuesta impulsada por el PAN; beneplácito de la Iglesia católica

Avanza en Querétaro blindaje al modelo tradicional de familia

Sólo se reconocería y apoyaría legalmente a parejas heterosexuales

El dictamen aún deberá votarse en el pleno

Líder de ONG anuncia que impugnará ante la Suprema Corte si se aprueba

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En la parte derecha de la imagen, los diputados panistas de la Comisión de la Familia del Congreso de Querétaro: Cuanalo Santos, Marcos Aguilar, Salvador Martínez, Micaela Rubio y Pablo AdemirFoto Demián Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 22 de noviembre de 2011, p. 30

Querétaro, Qro., 21 de noviembre. Diputados de la Comisión de la Familia de la 56 Legislatura local aprobaron la reforma a la Constitución Política del estado para estipular que el matrimonio es el vínculo jurídico formado por la unión de un hombre y una mujer; además define la familia como la institución social compuesta por un conjunto de personas unidas por el vínculo de matrimonio, el concubinato o por parentesco de consanguinidad, civil o afinidad.

Los diputados Salvador Martínez Ortiz, Micaela Rubio Méndez, Gerardo Cuanalo Santos y Pablo Ademir Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional (PAN), aprobaron la reforma al artículo tercero de la Constitución estatal para establecer las nuevas definiciones en los artículos 135 y 137 del Código Civil del estado.

Del primero al 31 de octubre los legisladores realizaron una consulta ciudadana para saber si los queretanos estaban de acuerdo con la iniciativa de ley.

Hasta el 11 de octubre, según el presidente de la Comisión de la Familia de la Legislatura local, Salvador Martínez Ortiz, se habían recibido 15 cartas u opiniones de personas que dijeron estar de acuerdo con la propuesta; sin embargo, el 17 de noviembre dijo que la cifra se había incrementado a 50 mil.

En la sesión de la Comisión de la Familia efectuada el jueves pasado, los diputados acordaron que el artículo tercero de la Constitución estipularía: “Las autoridades estatales y las municipales promoverán la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de la familia, sus fines de unidad, convivencia armónica, ayuda mutua y la preservación de los valores de la comunidad; entendiéndose como tal a la institución social compuesta por un conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, el concubinato o por el parentesco de consanguinidad, civil o afinidad. La ley impondrá derechos y obligaciones recíprocos entre sus integrantes.

La entidad reconoce y protege la institución del matrimonio, entendiéndose como tal aquella en la que se establece un vínculo jurídico por la unión de un hombre y una mujer, que con igualdad de derechos y obligaciones son la base del nacimiento y estabilidad de una familia, así como la realización de una comunidad de vida plena y responsable.

Este dictamen tendrá que ser discutido por 10 diputados del Partido Revolucionario Institucional, nueve del PAN, tres de Nueva Alianza, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido de la Revolución Democrática y uno de Movimiento Ciudadano en el pleno de la Legislatura local en fecha por definir.

Si lo aprueba el pleno, el dictamen se enviará a los 18 ayuntamientos del estado para que lo voten, por ser una reforma a la Constitución local.

Este lunes el vocero de la diócesis de Querétaro, Saúl Ragoitia Vega, indicó que la Iglesia católica está a favor de elevar a rango constitucional los conceptos tradicionales de matrimonio y familia.

Si no son un hombre y una mujer quienes fundan una familia, en la cual deciden tener hijos y educarlos, entonces no estamos hablando de matrimonio, es otra cosa, expresó.

El presidente de la organización SOS Discriminación, Manuel Edmundo Ramos, anunció que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dictamen de reforma si lo aprueba el pleno de la legislatura local.

Ramos Gutiérrez consideró que la intención de los diputados de la Comisión de la Familia es discriminar y prohibir la diversidad sexual. Agregó que las preferencias sexuales no deben ser pretexto para excluir a las familias de la protección legal del matrimonio.