a semana pasada, los votantes de Arizona, por primera vez en la historia de ese estado, destituyeron a un senador estatal en una elección especial. Los ciudadanos fueron a las urnas para mostrar repudio a la política racista del senador Russell Price, arquitecto de la ley SB107, que como se recordará daba carta blanca a la policía para detener a cualquier persona que pareciera indocumentada y entregarla a las autoridades migratorias para su deportación.

Según las encuestas, el voto de la población de origen latino fue determinante para la destitución del republicano Pierce, pero lo más interesante es que la opción para sustituirlo era Jerry Lewis (no confundir con el actor cómico), otro senador del mismo partido, pero cuya agenda migratoria es más moderada. Se opuso a la ley SB1070, y apoyó la propuesta Dream Act como vía para que los estudiantes indocumentados puedan conseguir la ciudadanía estadunidense. En su campaña, Lewis dijo que no se podía resolver el problema migratorio con campañas de odio, como lo hizo Pierce. Lo exhibió como lo que es: un extremista intolerante que le está haciendo gran daño a la imagen del estado de Arizona y, por tanto, a su economía.

Los medios locales advirtieron que los latinos demostraron que también pueden votar por candidatos republicanos cuando estos están dispuestos a respetar sus derechos humanos y entienden el importante rol que juegan en la economía del país. Tal actitud debería ser una llamada de atención para el presidente Barack Obama, que no sólo ha olvidado su promesa de luchar por una reforma migratoria en la que se incluya un capítulo para regularizar la situación de los indocumentados, sino que en su administración se ha instrumentado una política mediante la cual se deportó a 400 mil personas tan sólo el año pasado. Por supuesto que ese hecho ha calado hondo en las familias latinas, más aún por la jactancia de las autoridades de migración que han celebrado ese logro como muestra de su eficiencia en la captura y deportación de indocumentados. En ese sentido, tampoco se puede pasar por alto que esa política ha sido la causante de que más de 40 mil niños hayan sido separados de sus padres y ahora vivan bajo la tutoría del Estado. El gobierno ha ordenado la revisión de los expedientes de miles de personas que están en proceso de ser deportadas, lo que es sintoma de su preocupación por rectificar una política evidentemente equivocada.

Ya está claro que el próximo año el presidente Obama necesitará el apoyo de todos los que hicieron posible su elección en 2008, entre ellos 80 por ciento del voto latino. Dada lo apretada que se perfila la votación, si esos electores cambian su decisión o se abstienen pudiera representar el margen que el Presidente necesita para relegirse. A sabiendas de lo difícil que en estos momentos se promueva una reforma migratoria, es el momento de que, por lo menos, se exija una política menos agresiva en contra de los indocumentados.

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