Las condiciones laborales y el trato que reciben empleados de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales consideran violatorios de sus derechos humanos, han provocado que funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y de otras instancias de la dependencia hayan solicitado la intervención del presidente Felipe Calderón para que cese el clima de terror y abusos.

“Los que ocupan desde jefaturas de departamento hasta niveles más altos son los que menos tiempo tienen para descansar, pero todos sufren amenazas que van desde la suspensión de periodos vacacionales o de despido, cuando el titular del área quiera.

“En realidad, lo que esta administración quiere es una Procuraduría General de la República adelgazada”, señala el texto enviado a la Presidencia de la República.

Este diario obtuvo copia de algunas solicitudes recibidas en la Presidencia; asimismo, entrevistó a empleados de distintas áreas de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con los testimonios obtenidos, el mayor número de incidentes se ha presentado en la Siedo, en donde corren versiones no confirmadas de dos empleados que han sufrido ataques al corazón, presuntamente por estrés laboral, ya que hay funcionarios que ingresan a las ocho de la mañana y concluyen sus tareas hasta que el subprocurador José Cuitláhuac Salinas Martínez lo ordena, a las dos, tres de la madrugada del día siguiente.

Quejas en Presidencia y la oficialía de partes

En Presidencia de la República y en la oficialía de partes de la PGR, el 11 de noviembre se recibió una de las quejas. En el documento se menciona que se trata de una contra Luis Gerardo Arredondo Gasamans, coordinador general de servicios de apoyo en la Siedo.

“Los hechos: el día 2 de noviembre de 2011, a las 12:30 Arredondo Gasamans reunió al personal para presentarse como nuevo coordinador, iniciando su discurso, diciendo públicamente que la vida personal y los problemas de cada uno de nosotros le importan poco y que a nosotros su vida también.

“Luego de eso nos dijo su trayectoria laboral y que el horario laboral de los jefes de departamento hacia arriba era hasta que él se retirara (cosa que sucede hasta que el subprocurador se lo autoriza); asimismo, nos dijo que los sábados todo el personal trabajaba horario normal, y que si a alguno de nosotros lo encontraba haciendo algo indebido nos iba a chingar.

El funcionario violó la normatividad de la PGR en varios apartados, señalan varias de las quejas a las que este diario tuvo acceso.

Asimismo, Rubí, empleada que pidió omitir su nombre, expresó: “A las pocas semanas de que llegó la procuradora Marisela Morales –después de julio– se implementaron medidas, supuestamente para aumentar la eficiencia de los ministerios públicos, y ahora cada uno debe sacar cinco averiguaciones previas al mes; si no se considera que no son eficaces, y las que se sacan son con los elementos que se puedan obtener con informes de policías o algunas comparecencias”, señaló Rubí, quien ingresó a la Fepade en 2002.

De la misma manera, Ricardo, otro funcionario, quien también solicitó el anonimato, ha cubierto cada uno de sus horarios sabatinos, y afirma –como otros cuatro entrevistados– que “el subprocurador Cuitláhuac ha dicho que no le gustan las hora-silla, y que los sábados no se hace nada en la coordinación administrativa, pues desde 2007 hay una guardia de fin de semana que se encarga de todo.

Los días hábiles nadie puede salir si no es con un permiso firmado por el encargado del área; ni siquiera al médico. Los horarios se ampliaron ahora de ocho de la mañana a nueve de la noche; incluso hasta las diez, pero el trabajo se saca dos o tres horas antes, dijeron los entrevistados.

Los empleados de la Procuraduría General de la República deben registrar cuatro veces al día: su ingreso, la salida a comer y el regreso, luego la salida. Si ello no ocurre, el empleado es considerado en ausencia y se le descuentan más de mil pesos por la falta.

La situación no es distinta en otras áreas de la institución que dirige Marisela Morales, pues, por ejemplo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), los agentes del Ministerio Público no pueden realizar una diligencia si antes su jefe no les autoriza salir del edificio, y es entregado un oficio a los elementos de la Policía Bancaria que están al cuidado de los accesos del inmueble.