19 de noviembre de 2011     Número 50

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Costa Rica

Experiencias de coordinación del turismo rural comunitario

Yorlenny Fontana
Responsable del área de Turismo Sostenible de la ONG costarricense ACEPESA

En 2003, en Costa Rica se creó la Alianza de Organizaciones para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, integrándose así un espacio informal de coordinación de las organizaciones más reconocidas en el tema: la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA); la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (Actuar), y el Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (Cooprena RL). La Alianza se propuso fortalecer el turismo rural comunitario como una de las principales actividades turísticas a escala nacional y, al mismo tiempo, consolidarlo como un instrumento para generar desarrollo sostenible con equidad y una alta participación de la inversión local. El objetivo era incidir conjuntamente en las instituciones del Estado para fortalecer este tipo de actividad como una alternativa de desarrollo local sostenible.

La Alianza se orientó fundamentalmente hacia la incidencia política, y trató de ayudar a eliminar obstáculos para el desarrollo del turismo rural comunitario y, a su vez, generar sinergias entre los actores públicos y privados. También se organizaron actividades específicas con las diferentes instancias involucradas en el sector. Uno de los grandes retos fue sensibilizar a los funcionarios públicos en la potencialidad de este producto.

También se propuso generar condiciones en el ámbito público-privado que impulsaran la inversión local y el desarrollo de un producto turístico innovador y competitivo, y convertir así al turismo rural comunitario en un verdadero instrumento de desarrollo local sostenible.

Entre los logros de la Alianza destaca la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo Rural Comunitario en abril de 2009, cuyo propósito es apoyar las actividades turísticas rurales por medio de empresas de base familiar y comunitaria, agrupadas en asociaciones y cooperativas de autogestión. Los principales benefi ciarios de la Ley, y a quienes se dirigen sus incentivos, son estas iniciativas de tipo campesino de las comunidades rurales, que han tenido grandes dificultades para subsistir en el entorno turístico actual. De este modo, los servicios turísticos beneficiados son: posadas de turismo rural comunitario, agencias de viajes especializadas en este sector, actividades temáticas y servicios de alimentos y bebidas.

Después de la aprobación de la Ley, la Alianza visualizó la necesidad de crear una instancia formal de representación del sector. De este modo el 12 de junio del 2009 se conformó la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario (Canturural). Actualmente forman parte de ella 82 emprendimientos, incluidas las principales redes existentes en el país. Su propósito principal es fomentar y fortalecer las iniciativas de turismo rural comunitario por medio de la generación de capacidades locales para el desarrollo integral de las comunidades.

Nicaragua

Eco posada el Tisey,
una experiencia de diversificación campesina


Finca El Tisey, Estelí, Nicaragua FOTO: Alam Ramírez

Flora Acevedo Oporta
Docente de la Carrera Turismo
Sostenible de la UNAN – Managua

En Nicaragua el turismo rural comunitario es una actividad económica cada vez más relevante: cooperativas, comunidades indígenas, familias y asociaciones en distintas zonas rurales del país se han organizado y puesto en marcha iniciativas turísticas que, sin abandonar sus actividades tradicionales, les han permitido diversificar su quehacer y complementar sus fuentes de ingresos. A lo largo del territorio se cuenta con poco más de 30 iniciativas de turismo rural comunitario que dan respuesta a la necesidad de ofrecer algo auténtico, real y justo a quienes lo gestionan y quienes lo consumen.

Un ejemplo de esta actividad, gestionada y promovida por los mismos dueños de la propiedad, es la Eco Posada El Tisey, una iniciativa familiar ubicada dentro del área protegida Reserva Natural El Tisey-La Estanzuela, a 25 kilómetros del área urbana de la ciudad de Estelí. Por estar dentro de un área protegida, fue necesario cambiar las prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería extensiva que realizaban en la zona. La actividad turística aparece en ese momento como una alternativa económica que aprovecha de manera responsable los recursos y atractivos de la finca y su entorno.

La finca es propiedad de la familia Cerrato Jirón desde hace cuatro generaciones. Es manejada entre nueve hermanos con el apoyo de otros miembros de la familia que trabajan en agricultura y ganadería en una extensión de 70 manzanas (unas 50 hectáreas) y en la actividad turística. Su inicio estuvo condicionado sobre todo por el capital de inversión, pero con apoyo del Proyecto de Co-manejo de Áreas Protegidas (Comap), organización que co-maneja la Reserva, y el trabajo de ellos mismos, empezaron con algo pequeño que poco a poco ha ido creciendo por medio de inversiones que han realizado con micro financieras y otros créditos que como cooperativa familiar han gestionado.

Las actividades tradicionales agropecuarias, la cultura local y los recursos naturales de la zona conforman la oferta de turismo rural comunitario en la Eco Posada El Tisey, lo que ha permitido que exista una diversificación productiva en la finca.

Para la familia Cerrato el turismo rural comunitario ha significado todo un reto, por el desconocimiento que tenían sobre el tema, pero también un reencuentro con sus raíces, pues la mayoría de los hermanos había dejado el campo para instalarse en la ciudad. Fue la actividad turística en la finca la que les hizo volver a reunirse y organizarse según intereses y capacidades. Hoy todos ya tienen sus roles establecidos, pero si hay que apoyar en algo, lo hacen, lo que les permite involucrarse en todo el proceso y juntos tomar decisiones a favor del desarrollo de la finca y el bienestar de la familia.

Con el turismo, han tenido la oportunidad de incrementar la producción de rubros tradicionales como el café, el maíz, las frutas y hortalizas que comercializan en la misma finca para la alimentación de los visitantes. Además han incursionado en la siembra de flores, plantas ornamentales y hasta han puesto en marcha un Centro Experimental en Agricultura Orgánica, por medio del cual han establecido un acuerdo de colaboración permanente con una universidad nacional. Todo esto es aprovechado como atractivos turísticos dando respuesta a los diferentes intereses de los turistas. Hay para todos los gustos: paisaje, producción orgánica, investigaciones científicas, cultura, gastronomía, etcétera.

También han generado un impacto en la economía de los pobladores vecinos, comprando productos (que no cultivan ellos o cuando lo producido en la finca no ajusta) y hasta creando trabajo temporal o permanente.

Uno de los logros más relevantes de la Eco Posada ha sido su capacidad para mantener una clientela estable, principalmente nacional: capitalinos que buscan conocer la cultura rural y disfrutar la plenitud de la naturaleza, vecinos del mismo departamento que disfrutan de fines de semana en familia y estudiantes. En los cinco años recientes, la cantidad de visitantes oscila entre 300 y 400 por mes, siendo los feriados nacionales los días de mayor afluencia.

La experiencia de la familia Cerrato muestra que existen grandes posibilidades de desarrollo con base en un mercado local y no indispensablemente extranjero. Y ha sido este modelo turístico lo que les ha permitido conservar su cultura campesina.



FOTO: Ernest Cañada

Costa Rica

Impacto del turismo en las comunidades rurales de Guanacaste

Ronal Vargas
Sacerdote y director de la Pastoral
Social de Guanacaste

La cadena hotelera RIU, de capital español, inició operaciones en Costa Rica el 30 de octubre de 2009, entre fuertes cuestionamientos sociales y la bendición de Casa Presidencial. Incluso un conocido periódico de derecha, La Nación, tituló un artículo: “Hotel de Guanacaste abre hoy en medio de denuncias ambientales”.

Y no era para menos: comenzó la construcción sin los permisos debidos, sin viabilidad ambiental y sin tener agua potable. Hoy se le están cobrando 85 millones de colones (168 mil 875 dólares) por una hectárea de bosque de manglar afectado por aterramiento, árboles aislados muertos que estaban ubicados en zona pública… y todavía estamos esperando que paguen. Esta triste historia se repite una y otra vez en Guanacaste y otros lugares costeros de Costa Rica, y aunque tenemos una buena legislación, en ocasiones pueden más las presiones económicas y políticas, como el padrinazgo que la hoy presidenta de la República, Laura Chinchilla (casada con un empresario español), ha otorgado a la cadena hotelera RIU.

El trabajo logístico de los inversionistas es realmente admirable: se presentan en las comunidades como Santa Claus, ofrecen trabajo a todo el mundo, mandan a pintar la escuela del lugar, le regalan nuevas campanas a la iglesia, pagan un tractor para hacerle mejoras al campo deportivo, prometen que no afectarán el recurso hídrico y que no causarán ningún tipo de deforestación ni contaminación, invitan a que se abran más heladerías, tiendas de souvenirs y bares, y luego se retiran de la comunidad entre abrazos, aplausos y besos… Esa es la primera y última vez que el inversionista y su abogado son vistos en público, pues cuando inician las construcciones y el funcionamiento del hotel, desaparecen como por arte de magia, y no dan la cara cuando las organizaciones comunitarias los solicitan. Al final la comunidad cierra sus bares y expendios de souvenirs porque los turistas nunca se bajan del autobús para conocerla; los trabajadores del hotel son traídos de fuera y ni los productos de los campesinos de la región son adquiridos, pues todo viene empaquetado desde la capital, San José.

Ante esta realidad cotidiana, en la que se sigue jugando con la historia de las comunidades costeras, desde la Iglesia Católica hemos realizado una labor de información y concientización popular que, aunque ha sido muy mal vista y criticada por autoridades del gobierno, ha recibido una sentida acogida popular.

El 19 de junio de 2009, después de un largo trabajo de dos años de consulta a las comunidades, nuestro obispo Victorino Girardi, quien fue profesor universitario por muchos años en la Universidad Pontificia de México, trabajó el último borrador que se le presentó y dio luz a la Carta Pastoral Discípulos tras las huellas de Cristo promoviendo la vida al norte de Costa Rica. Entre otras cosas la Carta afirma: “La riqueza producida en las actividades turísticas e inmobiliarias no sólo no se ha redistribuido, sino que ha acelerado el empobrecimiento de la población autóctona (…)” (n. 40). “La dimensión social es una premisa fundamental de toda actividad, inclusive la turística. Las personas turistas, aparte de disfrutar del entorno, deben colaborar con el desarrollo de los seres humanos que habitan en el lugar que se visita (…)” (n. 43).

El impacto de esta Carta Pastoral, particularmente en sus análisis críticos del turismo, fue tal que los ministros de Planificación y de Turismo convocaron en San José a los medios de comunicación para difamarla. En un escrito firmado el 9 de agosto por poco más del 60 por ciento del clero diocesano le dimos el respaldo a nuestro obispo, escribiendo entre otras cosas que: “En esta empobrecida región del país estamos frente a una pobreza nueva, diferente, cruel, que la llamamos exclusión social porque invisibiliza, denigra y margina un alto sector de nuestra población (…) somos especialistas en pobreza (…) Los dólares que supuestamente comparte el turismo en nuestra región, en esta población excluida, poco o nada se distribuyen”.

En fin, sacamos roncha en el gobierno y en el sector turístico. Pero lo más importante es que a partir de la Carta Pastoral se ha iniciado un debate regional y nacional como antes no lo hubo, aunado con la crisis económica que desnudó al sector turístico y muchas personas en la región sintieron proféticas algunas de las afirmaciones del obispo, pues no pocas de sus predicciones se han hecho realidad.


Costa Rica

Comunidades costeras en lucha;
la otra cara del desarrollo turístico


Protesta en Nicoya en defensa de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios
FOTO: Ernest Cañada

Wilmar Matarrita
Coordinador del Frente de Comunidades
Costeras en Resistencia

Hasta 1982 en Costa Rica había un modelo de país que posibilitaba una mejor distribución de la riqueza y el fortalecimiento de diferentes sectores, como las pequeñas empresas o las cooperativas. Pero en 1982, con los programas de ajuste estructural, se replanteó un nuevo modelo de desarrollo que implicó lo que se llamó por algún tiempo “la agricultura de cambio” y se empezó a producir para la exportación, y no necesariamente lo que Costa Rica normalmente sabía hacer, sino que se comenzó a introducir el melón y las flores. En el campo del turismo se optó por un desarrollo concentrado en los megaproyectos turísticos, con grandes hoteles en las zonas costeras, y los desarrollos inmobiliarios, es decir la construcción de apartamentos para vender a extranjeros. La mayor parte de las zonas costeras de Puntarenas y sobre todo de Guanacaste tomaron esta orientación.

Después de 20 años de usar las tierras costeras de Guanacaste para este tipo de actividad, los indicadores sociales no han subido. En el Sexto Informe del Estado de la Nación, en donde se realizó el Informe del Estado de la Región Chorotega, en 1999, Guanacaste resulta la región más pobre de Costa Rica, y esto se repite cada cuatro años en los diferentes estudios que se han hecho.

Las comunidades locales que ya habitaban allí quedaron en el abandono. Es decir, no hubo esfuerzos reales, por lo menos reconocidos, de aplicar una política municipal o una política pública que garantizara a esas comunidades condiciones para que pudieran seguir viviendo en esos territorios. Al contrario, lo que encontramos es una serie de inventos que acabaron perjudicando a las comunidades. Por ejemplo, se crearon los planes reguladores privados, pagados por las mismas empresas desarrolladoras, los cuales generan barbaridades porque están hechos a la medida del interés de las empresas. Esto ha propiciado el despoblamiento de la mayoría de las zonas costeras.

En los años recientes hemos vivido un proceso de organización y articulación de las comunidades costeras para dar respuesta a esta situación. En 2008 se creó el Frente Nacional de Comunidades Costeras Amenazadas por Políticas de Extinción. Surgió en la comunidad del Ostional, como un esfuerzo de ese pueblo y de la Asociación Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (Fedeagua). En un momento de movilización frente a la Asamblea Legislativa, nos encontramos con otras comunidades, como Montezuma, Tambor, Pochote y Paquera, que tenían los mismos problemas. Ese encuentro nos hizo ver la necesidad de una articulación, de una red más grande, que involucrara a las diferentes comunidades.

Para nosotros un reto muy grande es generar en cada una de esas comunidades la capacidad de organización y de propuesta para luchar por el control comunitario de los recursos que están en esos territorios y que los recursos en general se puedan distribuir mejor o estén a la disposición de la mayoría de los costarricenses. Ese es un reto muy grande. En las zonas costeras vive mucha gente, pero es muy apática, muy desorganizada. ¿Cómo elevamos la capacidad de organización de las personas de esas comunidades? A pesar de la dificultad, hemos logrado mejorar de forma importante la participación y la articulación entre las diferentes comunidades. Hoy el Frente está constituido más o menos por 58 comunidades.

Después de un estudio profundo, llegamos a la conclusión de que la única vía que teníamos era la creación de una nueva ley que reforme la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y otras leyes. Elaboramos el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, también conocida como Ley Tecocos, que contempla aspectos como garantizar el derecho a la gente que ha vivido ahí por más de diez años a seguir en esa zona, siempre y cuando esto no signifique acaparamiento de tierras en la zona marítimo-terrestre; asimismo, que los impuestos que se paguen sean similares a los que cubre cualquier costarricense, y no haya un impuesto especial por vivir en la zona marítimo-terrestre.

Después de un largo proceso de trabajo e incidencia, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica resolvió a favor de la Ley Tecocos y ahora su discusión debe pasar al plenario de la Asamblea.